El PP ha advertido este miércoles que la demolición de los dos puentes de la carretera general que impulsa el Consell Insular de Menorca tendrá «un coste mínimo de 840.000 euros», una cifra que han tildado de «disparate económico».
En un comunicado, los 'populares' han indicado que construir las dos estructuras ya tuvo un coste de 1,5 millones de euros. «Añadir ahora la factura del desmontaje que quiere precipitar el Consell de Menorca habrá supuesto finalmente una inversión próxima a los 2,5 millones de euros», han declarado.
La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha remarcado que modificar el proyecto y buscar una solución de rotonda a nivel para resolver los cruces encarecería unos 600.000 euros el presupuesto actual. «Son aspectos a seguir añadiendo a esta carrera de despropósitos», ha manifestado la portavoz.
Asimismo, Sugrañes se ha referido al «perjuicio ocasionado a la credibilidad de la institución que encargó una obra apoyada por todos los informes técnicos y con dinero transferido desde el Estado como parte del convenio de carreteras», así como al perjuicio a la imagen de la isla «que durante seis años ha exhibido ante visitantes y residentes una contundente incapacidad de gestión para sacar adelante un tramo de carretera de apenas 11 kilómetros de longitud con la expresión de dos estructuras inacabadas».
Sugrañes ha indicado que la obra tenía que estar concluida en 2016. «En este momento, tras cinco años de gobiernos de izquierdas, sigue estando en discusión a pesar de que cuenta con todos los avales técnicos», ha subrayado.
Por otro lado, el PP ha insistido en el «abuso de poder que supone «recurrir a un decreto ley de medidas extraordinarias para flexibilización de la economía para paliar los efectos del coronavirus, para modificar la ley vigente y posibilitar la destrucción de estos puentes».
«Cada vez está más claro que la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, necesita apuntalar su pacto de gobierno con MÉS per Menorca con la destrucción de estas estructuras y si la ley se lo impide, pues dinamita la ley a golpe de decreto», ha matizado la portavoz popular.
En este sentido, el PP ha dicho no descartar recurrir judicialmente el decreto, en el caso de que supere el trámite parlamentario de convalidación. «Compromete la viabilidad futura de la carretera general y estaría modificando algunos aspectos de una Ley de rango nacional», han concluido.