El Partido Popular considera «ruinosos» los resultados obtenidos por el programa de alquiler ético puesto en marcha por el áera de Cooperación Local y Vivienda del Consell en junio del año pasado. Tras haber solicitado información por escrito al equipo de gobierno sobre el coste de esta iniciativa y sus resultados, la consellera popular Carmen Reynés señala que se han invertido «más de 75.000 euros» y hasta la fecha solo se ha propiciado un nuevo contrato de alquiler.
Los 75.000 euros de inversión pública se han destinado al diseño de la campaña, la puesta en marcha de la plataforma informática y a pagar al personal que gestiona el programa. «El objetivo puede ser bueno pero los resultados son irracionales», señala Reynés.
A pesar de que hasta la fecha solo se haya formalizado un contrato, la respuesta que ha dado la consellera del equipo de gobierno Cristina Gómez señala que hay un segundo propietario adherido al programa, pero su vivienda no se ha podido visitar como consecuencia del estado de alarma. También hay un tercer propietario inscrito —pero todavía no adherido formalmente— cuya vivienda podrá ofrecerse en alquiler si supera la valoración.
Contratos anteriores
Para tratar de ampliar el alcance del programa, el Consell modificó su reglamento para poder extender las ayudas a los contratos de alquiler que se hubieran formalizado con anterioridad siempre que su renta esté dentro de los parámetros que se han establecido para considerar que su pago es asequible para los inquilinos.
Así, el Consell ha contactado con diez propietarios, de los que uno tiene cinco viviendas en alquiler de tipo ético, para englobarlos en la iniciativa. Por tanto, quedarían bajo el paraguas del programa 14 viviendas más, aunque se trata de casas previamente ya alquiladas.
Viviendas vacías
La oficina de gestión trata de impulsar una segunda línea de adhesiones que consiste en incentivar el alquiler de viviendas vacías. Esta opción tiene aún que regularizarse con una nueva modificación del reglamento que ha de aprobar el Consell Executiu. En todo caso, según la información facilitada por la consellera Cristina Gómez, hasta la fecha hay dos propietarios adheridos y uno en proceso.
La justificación ofrecida por el equipo de gobierno es que el programa se irá amortizando con el tiempo y hay «un proceso de sensibilización de los arrendadores y educación social de los arrendatarios», un argumento que no convence al PP, que reclama al Consell que se fije unos objetivos mínimos anuales y, de no conseguirlos, abandone esta línea de actuación.