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El Consell inicia una campaña tecnológica para prevenir alquilar turísticos ilegales

El Consell de Menorca pretende combatir el alquilar turístico ilegal activando una nueva batería de acciones encaminadas a evitar su práctica «por la competencia desleal que provoca en el sector y las negativas repercusiones que tiene a nivel de destino».

«El objetivo es poner orden al alquiler ilegal con el uso de nuevos medios digitales que ayudarán a agilizar y actuar sobre la oferta ilegal, hacer un frente común con todas las administraciones para ayudar a cerrar el círculo», ha manifestado este viernes el conseller de Economía y Territorio, Miquel Company.

En primer lugar, quedará habilitada una página web de consulta dirigida a los usuarios que tengan intención de alquilar una vivienda turística, donde se podrá verificar si el número de registro del inmueble es válido.

«Se trata de un sistema ágil de identificación de las viviendas inscritas legalmente con el objetivo de proteger al turista de posibles fraudes», ha explicado la directora insular de Ordenación Turística, Elena Costa.

Con la finalidad de dar difusión a esta nueva herramienta, se ha editado un vídeo tutorial en diversos idiomas para concienciar sobre la responsabilidad colectiva de luchar frente los alquileres turísticos ilegales y que se difundirá a partir de la próxima semana.

En segundo lugar, el Consell de Menorca ha contratado los servicios de la empresa Harmari, especializada en monitorizar e identificar a través de internet todas aquellas viviendas de uso turístico que estén fuera del margen de la ley.

Esta acción irá acompañada también de la creación de un sello en tiempo oficial que permitirá al departamento de Economía poder probar en tiempo real aquellas publicaciones de viviendas turísticas irregulares de manera fehaciente, ya que una de las prácticas habituales fraudulentas consiste en publicar y despublicar los anuncios «para escaparse de los controles que hace la administración».

Finamente, también se ha previsto intensificar la colaboración entre las diversas administraciones públicas para ampliar la vigilancia de situaciones irregulares.

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