La instrucción del caso Nerer, que se inició en enero de 2016, con la detención del exconcejal Avel·lí Casasnovas y que investiga dos permutas ante la sospecha de que pudieron ocasionar un perjuicio de 2,3 millones de euros al Ayuntamiento de Ciutadella, llega a su fin.
Estos días han sido citados a declarar los últimos imputados y testigos de la causa. Y a partir del lunes ya no habrá más diligencias. Así lo ordenó la Audiencia Provincial, tras aceptar que fueran citados como investigados dos de las ocho personas que la juez previamente había desimputado, debido a que la prórroga de la instrucción se había aprobado fuera de plazo.
Ahora la juez número 2 de Ciutadella, María Belén Velázquez ha retomado el caso y se ha iniciado una nueva ronda de declaraciones, tras tres años y medio sin que se haya tomado declaración a ningún testigo, ni a ningún imputado.
Los motivos de esta demora en la instrucción son múltiples: desde los constantes cambios de jueces, a los recursos y contrarrecursos presentados por las partes, entre ellos un último presentado por el abogado de Casanovas, que alegando «dilaciones indebidas» pide amparo al Tribunal Constitucional. La última ronda de declaraciones (la que en parte se ha retomado estos días) estaba prevista para julio de 2018, pero el caso se paralizó por la amistad del juez sustituto con uno de los nuevos imputados. Y hasta ayer no se reemprendió el caso.
Ayer pasaron por los juzgados los dos últimos investigados, de los 13 imputados que suma la causa. Se trata de la que fue cargo de confianza de Casasnovas entre 2003 y 2007, la arquitecta María Antonia Castro, que se acogió a su derecho a no declarar. A Castro, que en sede policial reconoció que solo obedecía órdenes, se le citó a declarar al considerar que algunas de las tasaciones de los inmuebles permutados se hicieron a la baja.
El otro imputado que ayer declaró fue el empresario Ramón Bosch, por la compra de un inmueble al presunto testaferro de Casasnovas. Una operación que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, en representación del Ayuntamiento, sospechan que pudo ser utilizada por el exconcejal para blanquear dinero, ya que primero se compró oficialmente por 450.000 euros, aunque algunos testigos afirman que se pagó 900.000 euros, y después se la vendieron a Bosch por 600.000 euros. Bosch negó ayer cualquier implicación de Casasnovas, aunque sí reconoció haber mantenido una reunión con él para tratar la compra de este edificio.
Para hoy y el lunes está prevista la declaración de siete testigos. Se trata de responsables de inmobiliarias, tasadoras, excargos de confianza y una persona próxima a Casasnovas.
Tras la declaración del lunes, que se hará por videoconferencia, se dará por acabada la instrucción. Y a partir de entonces solo quedará esperar a que la juez dicte un auto en el que o bien se archive la causa o bien emplace a Fiscalía y al abogado del Ayuntamiento a que presenten sus escritos de acusación, como paso previo antes de abrir juicio oral sobre unos hechos que se remontan a hace unos 14 años.