El PP de Menorca y el equipo de gobierno de Es Migjorn Gran han interpretado como una amenaza que el conseller y presidente del Consorcio de Suelo Rústico, Miquel Company, explicara que este organismo continuará manteniendo la capacidad inspectora sobre el municipio cuando este formalice su salida del citado organismo. Lo califican de «actitud beligerante», «muy desafortunado» y «una grave desconsideración hacia todos los migjorners».
El PP insular defiende la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, ya que además «se lleva a cabo con total claridad, sin ningún ocultamiento». Achaca al PSOE que realice «una política de descalificaciones y críticas personales», cuando los vecinos reclaman «diálogo, convivencia y entendimiento».
Los populares pasan al contragolpe, con la alusión al «pasado judicial de quien forma parte del grupo municipal socialista, en la oposición, que fue condenado por el Tribunal Supremo y se vio obligado a dimitir como alcalde», en referencia a Pere Riudavets.
Sobre la capacidad de control del Consell sobre el rústico, el concejal de Urbanismo, Ramón Verdú, declara que «¿por qué no la ha ejercido hasta ahora? Estas cosas el conseller no las puede decir, ni amenazar, no ha sido nada elegante, cuando hemos actuado con total legitimidad y transparencia. Solo quieren gresca». Reitera que la decisión no tendrá un coste para el Consistorio y que dispone de recursos propios para asumirlo, además de la opción, solo si se requiere, de profesionales externos.