La concesión de amarres en el puerto de Maó a cargo de Autoridad Portuaria de Balears vuelve a estar bajo sospecha y en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción que el jueves por la noche inició un registro prácticamente simultáneo en las sedes del organismo público en Maó, donde tendría lugar el origen de la operación, pero también en las de Palma y Eivissa donde se investigan otros casos de presuntas concesiones fraudulentas y contratos de licitación en las principales instalaciones portuarias del Archipiélago.
La operación que ejecuta la policía judicial de la Guardia Civil había arrancado el mismo jueves a última hora de la tarde con la detención del presidente de APB, Juan Gual de Torrella, y el director, Juan Carlos Plaza, ambos en el aeropuerto de Palma, cuando regresaban de un viaje de trabajo. Además fueron detenidos en sus propios domicilios otros tres miembros de la cúpula, Miguel Puigserver, vicepresidente, Armando Parada y José Fernando Berenguer, directivos. Puigserver fue puesto en libertad con cargos, por la tarde, acusado de los delitos de corrupción, prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública, los mismos que pesan sobre los otros dirigentes.
Si hace diez años la corrupción demostrada, juzgada y condenada, se refirió a la concesión de 165 amarres a la empresa Trapsa Yates en el Andén de Llevant de la rada mahonesa, en esta ocasión en lo que se refiere al caso en Menorca se trata de otros 154 amarres distribuidos en cinco nuevos pantalanes del Andén de Ponent, cuya explotación fue otorgada a la empresa Marina Asmen en 2018, una sociedad limitada constituida apenas un año antes de concurrir al concurso, formada a su vez por otros cinco empresarios del sector náutico de Maó. APB justificó la concesión porque Asmen presentaba los precios más baratos para los amarres.
La concesión por un tiempo de dos años, que ya ha concluido, fue impugnada en su día por la empresa que quedó en segunda posición, aunque la decisión del consejo de Autoridad Portuaria, del que forman parte el alcalde de Maó, Héctor Pons, en representación del Consell, y el conseller de Territorio y Movilidad del Govern, Marc Pons, no se modificó.
Además, relacionado con el caso investigado, un abogado del Estado también integrante del consejo de administración de la APB se opuso a esta concesión a Marina Asmen y se enfrentó a Dolores Ripoll, jefa de la abogacía del Estado en las Islas y asesora jurídica de la Autoridad Portuaria, que también aparece como imputada en la operación.
El grupo de Anticorrupción también examina una serie de contratos con empresas de residuos, licencias para Duty Free y concesiones otorgadas por APB en Mallorca, Menorca e Eivissa. En esta última isla se investigan varios contratos públicos en el Club Náutico de Eivissa.
Sorpresa en la sede de Maó
A las 22.30 del jueves hasta cuatro vehículos de la Guardia Civil aparcaron frente a la sede de Autoridad Portuaria en Maó, ahora bajo la dirección de Vicente Fullana tras la jubilación de Jesús Fernández Reyes a finales de 2018, sorprendiendo a los clientes de los bares situados frente al edificio al pie del Parc Rochina. El registro concluyó a las 13.15 de este viernes, ya con la presencia de otros guardias especialistas desplazados desde la Comandancia de Palma. Los agentes se llevaron en ese momento varias cajas con archivos de documentos.
A medida que llegaban los trabajadores a primera hora de la mañana, los guardias les advertían del registro y les impedían la entrada hasta nuevo aviso telefónico.
La operación anticorrupción que dirige la fiscal Laura Pellón, con la investigación de la Guardia Civil en Palma llevaba casi un año en marcha aunque se ha acelerado esta semana ante la sospecha del Instituto Armado de que los implicados pudieran tener conocimiento de ella y destruyeran documentos. Las diligencias están declaradas bajo secreto de operaciones.
La APB manifestó este viernes en sus canales de comuncación su «garantía de total colaboración con la Justicia» y su «deseo de una pronta aclaración de los hechos».
El presidente de la sociedad asegura ser el primer sorprendido por la investigación
Marc Pons Pérez figura como presidente de la sociedad limitda Marina Asmen a quien Autoridad Portuaria concedió la explotación de los 154 amarres en cinco nuevos pantalanes del andén de ponent. El empresario náutico aseguró ayer a este diario ser el primer sorprendido por la investigación de la fiscalía anticorrupción. «Sé que la Guardia Civil ha revisado documentación en la Autoridad Portuaria, en nuestra oficina en el puerto y en la sede de la empresa, pero nada más», dijo. Negó haber sido citado por el Instituto Armado y recordó que «ganamos el concurso para la explotacion que, por cierto, ya ha concluido porque era para dos años». Pons también conocía que la empresa que quedó en segundo lugar lo había impugnado.