El Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil continuaba este sábado volcado en la trama de la Autoridad Portuaria, después de que toda la cúpula detenida quedara en libertad con cargos. Los agentes investigan, entre otros puntos, si Joan Gual, presidente de la Autoridad Portuaria, compensó sus deudas personales con la concesión de al menos 91 amarres a un acreedor, que también podría tener otro negocio náutico en el puerto de Maó, como otra arista de la investigación referida a la concesión a Marina Asmen SL de 154 amarres en el Andén de Ponent.
Tras la suspensión de pagos de su empresa de cátering Menú, Gual contrajo importantes deudas, en 2013. Dos años después fue nombrado presidente de la APB por la presidenta del Govern, Francina Armengol. Uno de sus acreedores era el presidente de una entidad financiera, que en 2019 consiguió la explotación de la dársena de Levante del puerto de Formentera, con 91 amarres. Se investiga si el mismo empresario consiguió concesiones en Menorca, concretamente a una empresa de alquiler de embarcaciones, de la que es propietario, también ubicada en el Andén de Ponent.