Unidas Podemos no solo no apoyará la moción del PP en contra de la transferencia de los remanentes del Consell al Gobierno sino que le acusa de haber aprobado las leyes de estabilidad presupuestaria y de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que son la causa del estrangulamiento que sufren las entidades locales. «Votaremos en contra de todo lo que plantea el PP, que ahora se presenta como defensor de la autonomía local cuando es el autor del problema», declara Cristina Gómez.
La coalición ni siquiera ha decidido su postura, aunque da pistas de ser partidaria de adherirse a la propuesta del Gobierno, «se ha dicho que el decreto es un chantaje y no es cierto», señala. Para decir sí primero debería validarse el Decreto Ley el día 10 en el Congreso de los Diputados y luego decidir antes del día 15, cuando esté consolidado. Cree que el acuerdo con la FEMP que facilitó el acuerdo «era un buen punto de partida pero no de llegada», razón de su abstención.
El Decreto Ley es injusto, argumenta, porque no tiene en cuenta a las entidades que carecen de remanentes y no empatiza con las que están en peor situación, «pero no obliga a nadie, representa un esfuerzo importante para abrir ventanas en leyes orgánicas que están resultando duras».
Unidas Podemos apunta hacia el PSOE en aras de la solución que más convence, la derogación de la ley Montoro, tal como figura en el pacto de gobierno entre ambas formaciones. «Ampliaremos las competencias y capacidad de los gobiernos locales, garantizando la autonomía local y, en esa línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», según la transcripción del contenido del documento, que, sn embargo, en ese punto no hace referencia a la ley Montoro, que es la estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera de un año antes.
Gómez considera que la propuesta del PP es demagógica y respecto a la calificación de chantaje utilizada por Més per Menorca responde que «es fácil criticar desde aquí, mientras partidos de Menorca con representación en Madrid negocian la mejora del texto definitivo», concluye.