Fuentes policiales y judiciales prevén un aumento en las ocupaciones ilegales de inmuebles en Menorca a medida que avance el invierno acentuando el incremento en las denuncias en la Isla en los últimos cinco años. Será otra de las consecuencias de la falta de ingresos por la crisis de la covid-19, como sucederá en todo el país, favorecida en parte, por la interpretación de la ley que, hasta el momento, reconoce en muchos casos la precariedad de quien se ve obligado a ocupar una vivienda como último recurso lo que eterniza el proceso para el demandante hasta que la recupera.
Quizás por ello el ministro del Interior, Grande Marlaska, anunció el miércoles en el Congreso que su ministerio va a aprobar instrucciones para facilitar el trabajo policial en los desalojos inmediatos. Ahora solo pueden hacerlo si se trata de una ocupación flagrante, lo que no siempre se puede demostrar. «A veces los sacamos, pero pese a que la propiedad coloca una puerta blindada, la revientan y vuelven a entrar», indica un policía local de Ciutadella.
En los últimos cinco años se han denunciado 77 usurpaciones de inmuebles en Menorca, el triple desde 2015 a 2019. En la primera mitad de 2020, en plena pandemia, solo entraron 7 denuncias, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, lo que no quiere decir que sean las únicas ocupaciones ilegales.
Los focos más conocidos están en Maó y Ciutadella, normalmente, porque la Policía tiene que intervenir por delitos paralelos relacionados con el ámbito de las drogas o la conexión fraudulenta a tomas de luz y agua de sus moradores. Es el caso de un edificio de la calle Sant Andreu, o la casa de la Plaza del Príncep, en Maó, relacionada con el caso de presunta corrupción de menores, o varios pisos de la calle Degollador, en Ciutadella.
Un complejo de apartamentos en Son Parc, de titularidad dispersa tras continuos procesos judiciales, también tiene varios okupados. El resto, han señalado fuentes policiales, son viviendas aisladas en algún edificio o zona turística.
Gran parte de la propiedad de estos inmuebles corresponde a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que no siempre opta por la vía judicial por la lentitud en la tramitación de los expedientes y porque no suele tener una urgencia explícita para el desalojo.
Otra situación sucede si es segunda vivienda o la reconocida del propietario, lo que supone un allanamiento que sí puede saldarse con la entrada de la policía tras la correspondiente denuncia, al tratarse de un delito penal. Si el propietario es persona jurídica va por la vía civil y el proceso no es corto ni sencillo. Se cataloga como un delito leve de usurpación, por el que acabarán siendo condenados a una multa que no suelen abonar al declararse insolventes. En el mejor de los casos una tramitación por usurpación puede prolongarse entre los tres y los cinco meses, o incluso más, explica el juez del Juzgado 1 de Maó, Daniel García del Mar.
En otros, «se toma nota de la denuncia y se comunica al juzgado», señalan fuentes policiales. La identificación de los okupas, la mayoría ‘fichados' por comportamientos delictivos, tampoco es sencilla porque varían en la casa, reciben citaciones que no atienden y el proceso se enroca, admiten en el juzgado.