La aprobación ayer en el Parlament del decreto ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias de impulso de la actividad económica para paliar los efectos de la crisis sanitaria ha trasladado al Consell la batalla política vivida en los últimos meses en la cámara balear a propósito del polémico artículo 7. Finalmente la nueva norma balear deja como estaba el porcentaje permitido de ampliación de los hoteles, un diez por ciento, pero deja en manos del Consell la posibilidad de aprobar en pleno una reducción de ese porcentaje hasta cero. También permite que se incremente hasta el 15 por ciento. Hay disparidad de criterio entre los grupos del equipo de gobierno sobre qué hay que hacer al respecto.
Més per Menorca dejó ayer meridianamente clara su postura, la misma que ha mantenido durante las negociaciones con el Govern: apuesta por vetar por completo la ampliación de edificabilidad de los hoteles y así lo trasladará al pleno insular en forma de propuesta formal. En ese sentido, el portavoz de la formación, Miquel Àngel Maria, lanzó un mensaje a sus socios de gobierno: «Esperamos que se sumen y que apuesten claramente por un nuevo modelo económico, reflejado en el pacto de gobierno, que no suponga más consumo de territorio y mayor presión urbanística y que verdaderamente apueste por una reconstrucción en verde».
La respuesta fue ayer igualmente clara por parte de la consellera de Podemos en el Consell, Cristina Gómez, y sobre todo de la presidenta del Consell, Susana Mora, también líder del PSOE Menorca, el grupo que tiene capacidad para decantar mayorías. Ambas defienden que no es momento, en plena tormenta económica derivada de la pandemia, para introducir más restricciones que desincentiven los proyectos hoteleros de renovación, que pueden suponer un acicate para el sector de la construcción.