Consell y alcaldes trabajaron ayer sobre las bases que han de regular el reparto de 5,4 millones de euros de inversión en obra pública. Se trata de un plan financiado a terceras partes por el Govern, el Consell y los propios ayuntamientos.
Conocido como plan de reactivación económica, los proyectos a incluir en este plan deben estar relacionados con la agenda urbana, es decir, mejora de eficiencia energética en espacios y edificios públicos, mejora del ciclo del agua, fomento de la accesibilidad y mobilidad urbana sostenible.
Los parámetros utilizados para la distribución de los recursos tienen en cuenta población, número de recibos del IBI y el coste efectivo de los servicios municipales. Así, los importes de inversión más elevados son para los municipios con más habitantes, pero la inversión por habitante beneficia a los más pequeños, según se aprecia en la tabla superior.
Las bases han de ser aprobadas por la Comisión de Gobierno del Consell este mes, ser publicadas en el BOIB y a partir del séptimo día podrán presentarse los proyectos al Consell. La idea es que la ejecución pueda comenzar cuanto antes porque el plazo de finalización se ha fijado el 15 de marzo de 2023.
Falta por resolver cuestiones técnicas, -«discusión política no hay», afirma la consellera Cristina Gómez- como la gestión de las rebajas que se obtengan en las subastas de adjudicación.