El exalcalde de Es Migjorn, Pere Moll, ha sido condenado a cuatro años y medio de inhabilitación para ocupar cargo público por un delito continuado de prevaricación por el ‘caso multas', en el juicio que se ha celebrado la mañana de este viernes en la Audiencia Provincial de Palma, y del que Moll ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de Maó.
Pere Moll, que entre 2011 y 2014 anuló hasta 19 multas de tráfico, que sumaban un importe total de 3.140 euros, ha aceptado el acuerdo de conformidad alcanzado por su abogado, Miquel Ramis de Ayreflor, con la fiscal Ana Lamas -una de las fiscales anticorrupción de Balears-, y en la que se rebaja la pena de 12 a 4,5 años de inhabilitación para ocupar cargo público.
Así, Moll ha reconocido que anuló arbitrariamente las multas de tráfico para beneficiar a diversos vecinos durante la legislatura 2011-2015, en la que fue alcalde por el PSOE. Ante la conformidad de las partes, los magistrados de la Audiencia han dictado sentencia 'in voce', que ha sido declarada firme en el acto.
La Fiscalía pedía originalmente 12 años de inhabilitación, que han quedado reducidos al apreciarse una atenuante de dilaciones indebidas -la causa estuvo paralizada diez meses- y otra de reparación del daño -al haber pagado Moll al Ayuntamiento las cantidades que se dejaron de ingresar al anular las multas-. Hay que recordar que el año pasado Pere Moll ya pagó 1.570 euros, el 50 por ciento equivalente a la bonificación que se aplica a los infractores por pronto pago, lo que provocó que el PP retirara la denuncia, pese a que la Fiscalía mantuvo la acusación. Pere Moll también tendrá que hacerse cargo de las costas.
Así las cosas, durante los años de condena, Moll no podrá presentarse a elecciones o ejercer cualquier empleo o cargo público. No obstante, Moll está ya fuera de la vida política: aunque revalidó la alcaldía en las elecciones de 2015, fue expulsado del PSOE en 2017.
Antes de eso, cinco concejales socialistas del Ayuntamiento renunciaron por no confiar en la gestión de Moll, a quien acusaban de haberles denegado información sobre expedientes urbanísticos y económicos relevantes para su labor. Dos meses más tarde, el PSOE expulsó a Moll del partido por "haber cometido faltas muy graves y haber actuado de forma poco disciplinada".