Los bares, cafeterías y locales de restauración de la Isla en general se han visto obligados a retrasar la instalación de los medidores de CO2 y de los purificadores, en cumplimento de la normativa covid-19 del Govern balear del pasado 19 de noviembre, debido a la falta de stock, explican las asociaciones.
La misma situación se ha dado en todo el Archipiélago, lo que ha llevado al Ejecutivo balear a dispensar a los propietarios de la obligatoriedad de contar con los aparatos que miden la concentración del gas hasta el 1 de febrero, ya que el plazo inicial concluía ayer.
Los restauradores pueden acogerse a una línea de ayudas del Govern de 800 euros por local para la adquisición de los medidores de dióxido de carbono y de los purificadores o filtros EPA. Los primeros cuestan por debajo de los 100 euros mientras los purificadores se van más allá de los 600 euros. Estos deberán ser instalados en cualquier caso si el medidor registra más de 800 partículas por millón de CO2 en el local, lo que se estima que eleva considerablemente el riesgo de contagio. El gas se expele de forma natural por las personas cuando hablan y respiran, es por eso que tiende a concentrarse en espacios cerrados, de ahí la importancia que ha cobrado una ventilación adecuada en los locales.
«La gente no encargará los purificadores hasta que no tenga los datos del medidor», explica José Bosch, presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca». Recuerda Bosch que «los hay que todavía están pagando las reformas para los fumadores y ahora nos dan una subvención para un nuevo gasto al que nos obligan», lamenta.