El informe emitido por el interventor del Consell sobre la propuesta de presupuestos para 2021 estima que las inversiones previstas deben ir acompañadas de las correspondientes vías de financiación y que estas deben estar debidamente acreditadas cuando se refieren a convenios de carácter finalista con otras administraciones. El documento recomienda tener «un cuidado especial» con este tipo de gastos recogidos en las cuentas de la institución insular. Este informe, favorable a los presupuestos, forma parte del expediente que se elevará mañana a consideración del pleno para su aprobación.
El interventor Guillem Simó cita dos casos concretos en los que entiende que no se ha guardado este cuidado. El primero, y reiterado en ejercicios anteriores, es la inversión para la construcción de un centro de interpretación de la Reserva de Biosfera en las obsoletas instalaciones militares de S'Enclusa, proyecto que debía llevarse a cabo con unas inversiones estatutarias que se perdieron en su momento. Esta inversión aparece un año tras otro en los presupuestos del Consell, a tenor de la esperanza del equipo de gobierno de recuperar estos recursos económicos, que ascienden a 6,9 millones de euros. Según el informe, este se hace «en base a una posible (¿?) renovación del convenio de financiación correspondiente». Los interrogantes entre paréntesis aparecen en el documento.
Desde Intervención se expone que este planteamiento es «bastante discutible» y tendría que revisarse ya que «a corto y medio plazo no parece conveniente abrir nuevos centros de gasto discrecional, ya que con bastantes dificultades la Corporación podrá atender los gastos considerados obligatorios». El interventor entiende «criticable» la inactividad en relación a este proyecto, y considera el desuso de S'Enclusa «un problema que se debe acometer necesariamente y que se pueden encontrar soluciones» sin generar más centros de gasto.
El segundo apartado en el que el interventor echa en falta soporte documental que avale la financiación es la inversión en la reforma de la carretera general, para la que se espera una aportación estatal de 5,2 millones de euros que no está formalizada (la famosa addenda). Ante esto considera el informe interno que «se debe trabajar en la solución técnica a aplicar e incluso en la contratación de la obra correspondiente», con una periodificación de su financiación. Recuerda que la disponibilidad de crédito presupuestario para cualquier actuación «está condicionada a la garantía documental acreditativa de los compromisos firmes» si se trata de recursos económicos que llegan de terceros.