La práctica de la ocupación ilegal también en la vivienda pública se ha extendido en el Archipiélago, preferentemente en Mallorca. La información circula con rapidez entre habituales de estas acciones y, en ocasiones, cuando tienen conocimiento de que un piso ha quedado vacío, se multiplican las opciones para que lo ocupen por la fuerza violentando la cerradura.
Con el propósito de prevenir y evitar esta situación el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) ha dirigido una carta a todos sus inquilinos en la que les informa de la obligatoriedad que tienen de comunicar su marcha, al menos con un mes de antelación para que el organismo oficial tome las medidas oportunas que impidan la entrada de okupas, tal y como prevé la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Esta situación no se da en Menorca, asegura la delegada insular del Institut, Noemi Gomila, donde solo existe una vivienda ocupada desde hace al menos dos años, aunque los inquilinos de esta Isla también deben conocer las consecuencias.
La advertencia que ha realizado el Ibavi en los últimos meses es la consecuencia del aumento del número de entradas forzadas de estas viviendas, cuyos inquilinos tutelares han desalojado voluntariamente sin previa comunicación, en la mayoría de los casos, al no estar al corriente del pago de las mensualidades acordadas.
El organismo balear recuerda a sus inquilinos la situación privilegiada en la que se encuentran dada la elevada demanda de vivienda pública que existe en la actualidad. Evitar las ocupaciones ilegales, promover la seguridad del parque de viviendas y garantizar el acceso a las familias que están en listas de espera, lleva al Ibavi a advertir que «no podemos tolerar el abuso en el uso de nuestras viviendas». De ahí que recuerde a los inquilinos la obligatoriedad de comunicar su marcha por renuncia o extinción de contrato un mes antes, o lo más rápido posible. Y señala que, en todo caso, «necesitamos coordinar su salida con la instalación de una puerta blindada y una alarma», medidas que limitan las opciones de los okupas para tomar posesión de ellas a la fuerza.
El Ibavi advierte que de violar esta ley, iniciará las acciones legales por el incumplimiento del contrato lo que ocasionará una reclamación de daños. Si se produce una ocupación irregular, añade el Institut, esos gastos pueden llegar a los 22.000 euros.
En Menorca, indica la delegada, Noemi Gomila, «no tenemos este problema de inquilinos que abandonen la vivienda sin avisar o por impagos». Aunque pueda resultar paradójico, la morosidad ha descendido «porque la gente valora mucho lo que supone pagar 200 o 300 euros al mes en un piso del Ibavi, a tener que acudir al mercado privado». El personal del organismo balear en la Isla realiza «un trabajo intenso» para evitar los impagos, «estamos encima, algunas familias están al límite pero finalmente alcanzamos pactos en el pago para que se pongan al día», indica Gomila.