Tantos residuos se acumulan periódicamente en el camino que conduce a la Deixalleria Municipal de Maó, en el kilómetro 0,5 de la carretera del aeropuerto, que incluso es factible encontrar a gente que se desplaza hasta el lugar en busca de algún trasto que pueda resultarle útil, como si de un mercadillo de cosas usadas y gratuitas se tratara.
Es la consecuencia del incivismo permanente de ciudadanos y algún que otro profesional relacionado con la construcción o el mantenimiento que convierten el lugar en uno de los vertederos más descontrolados del municipio. Son los empleados de la Deixalleria, al final del mismo camino, quienes más padecen esta práctica ilegal cuando acceden a su trabajo. «Muchas veces tenemos que bajar del coche y apartar los trastos para poder pasar, además de sufrir pinchazos en las ruedas con frecuencia», explica una de las trabajadoras.
Desde que se incendiara por segunda vez la planta de tratamiento integral de voluminosos, propiedad de Caritas, su antigua entrada en el mismo camino se ha convertido en un basurero variopinto sin que la administración haya podido ponerle fin. La responsabilidad mayor, en todo caso, es de quien carga los trastos en su coche, y en lugar de trasladarlos a la deixalleria unos metros más allá, los tira en el camino, bien porque acude fuera del horario de la propia deixalleria o porque prefiere no llegar hasta ella.
«Estamos cansados de denunciarlo, pero no nos hacen caso, incluso las autoridades nos dicen que intentemos coger la matrícula para poderles denunciar, pero ese no es nuestro trabajo», indica la misma trabajadora.
Conxa Juanola, tenienta de alcaldía de Medio Ambiente, lamenta el incivismo incomprensible «cuando hemos ampliado a 5 los días de recogida de residuos, gratuita, a domicilio, y además la deixalleria está al lado». Juanola admite que se ha valorado la opción de colocar una barrera al inicio del camino, aunque no cree que sea la solución puesto que los residuos se dejarán junto a ella. La regidora indica que el problema concluirá cuando la nueva planta TIV esté construida, y descarta la solución de instalar cámaras de videovigilancia al no permitirlo la ley. Un camión de FCC acude cada mes y medio o dos meses para recoger los residuos.