El GOB ha solicitado a Autoridad Portuaria de Baleares (APB) poder consultar el expediente utilizado para contratar la instalación de más de 100 bloques de cemento en el puerto de Maó y, en concreto, en la zona que va desde el Moll d'en Pons hasta Cala Figuerasses.
Los ecologistas quieren conocer qué prevenciones ambientales se han aplicado y si se ha hecho algún estudio previo de presencia de valores ambientales. También buscan saber si se han estudiado algún tipo de medidas minimizadoras del impacto o compensatorias, como fondeos con tornillo o cuerpos muertos con refugios con la fauna.
Desde la organización ecologista han querido recordar que la Ley 12/2016 de evaluación ambiental de Balears, modificada por la Ley 9/2018, dispone que es necesaria la evaluación del impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda afectar a los ecosistemas marinos.
En este punto, han dicho que cada una de las boyas va acompañada de un cuerpo muerto de cemento de un par de metros cuadrados, de modo que son más de 200 metros cuadrados la zona afectada en un área en la que, según han manifestado, podría haber especies protegidas.
Del mismo modo, el GOB ha exigido saber si cada una de estas boyas está destinada a un nuevo amarre y si se han tenido en cuenta los estudios de capacidad de carga náutica de la isla que el Govern está elaborando.