El Consell recurre de nuevo al alquiler de dependencias ajenas con el objetivo de ganar espacio para el óptimo desarrollo de las funciones de determinadas áreas. El equipo de gobierno insular acaba de formalizar el contrato para el arrendamiento de un local de 458 metros cuadrados en el polígono industrial de Maó donde se instalarán los trabajadores adscritos al Servicio Insular de Familia, el Servicio de Igualdad y Diversidad, y el Servicio de Atención al Inmigrante y al Recién Llegado.
El contrato se ha otorgado por un importe de 1.730 euros mensuales y un periodo de cuatro años. De este modo, los servicios mencionados dejarán las oficinas de la calle Vassallo, que son propiedad del Consell. La consellera Bàrbara Torrent justificó en el último pleno, en respuesta a una pregunta del PP, el traslado por las estrecheces que sufrían unas labores que requieren de la atención directa al ciudadano, «es una demanda histórica del personal». Las medidas sanitarias derivadas de la pandemia ha provocado, añadió, que en las actuales dependencias no puedan ni coincidir todos los empleados. Además se mejorarán, argumentó Torrent, las condiciones de la prestación de estos servicios. La consellera popular Carmen Reynés lamentó que se optara por la adjudicación directa, y no por el concurso público, con este contrato tan importante.
El arrendamiento de dependencias para ganar espacio se ha hecho ya con otros servicios del Consell como, por ejemplo, el Injove o la Fundació Foment del Turisme, entidad que precisamente acaba de formalizar también un contrato de alquiler por cuatro años para un local ubicado en el mismo edificio que los servicios sociales. El inmueble es propiedad de la empresa Subaida SL y en el caso de la Fundació el alquiler mensual es de 1.080 euros. También alberga las oficinas del ente público IB3, por unos 3.500 euros al mes.
Los servicios sociales dispondrán en el nuevo local de ocho oficinas, cuatro almacenes, una sala de reuniones y una amplia sala administrativa diáfana, además de dos baños y un office.