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Son Salomó logra atar la financiación e iniciará la obra en el segundo semestre

La reducción del proyecto había generado problemas para conseguir los créditos necesarios

El nuevo Son Salomó quedó reducido a 68 hectáreas tras el acuerdo firmado hace un año. | Josep Bagur Gomila

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La sociedad promotora del proyecto de ampliación del parque fotovoltaico de Son Salomó, Ceconat Menorca SL, ha logrado cerrar la financiación necesaria para acometer el proyecto valorado en alrededor de 40 millones de euros y –aunque no tiene todavía una fecha cerrada– espera poder empezar a trabajar sobre el terreno a lo largo del segundo semestre del año. De ese modo despeja las dudas que se habían generado después de que, a pesar del acuerdo de reducción del desarrollo firmado justo hace un año y ya con todos los permisos sobre la mesa, el promotor no llevase a ejecución el proyecto.

Según aclararon ayer a este diario fuentes de la promotora, ese entente firmado con la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella, la propiedad de los terrenos y el Consell, que incluía una nueva reducción de su extensión hasta las 68 hectáreas, había generado limitaciones a la hora de obtener recursos financieros. También estaban pendientes de que se resolviera el nuevo expediente y las alegaciones para redefinir los límites de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la zona de Punta Nati.

En este año tras el acuerdo han surgido nuevos contratiempos que ya se han resuelto, como el conflicto con el Ayuntamiento de Ciutadella por la liquidación de 1,7 millones que el Consistorio le había hecho llegar en concepto de tasas e impuestos. La promotora recurrió al pago de la mitad de esa cantidad y finalmente el Ayuntamiento aceptó el recurso.

Por otra parte existe la posibilidad de que el proceso –en concreto la declaración como BIC de la zona de Punta Nati como resultado del acuerdo con el promotor– termine en los juzgados. Hay que recordar que tres propietarios de fincas de la zona han presentado recurso administrativo con el objetivo de levantar la declaración BIC de la zona. Tienen la opción de acudir a los tribunales, pero no afectaría al desarrollo por cuanto lo que piden no son más restricciones, sino levantar las mismas. De ese modo ese eventual recurso judicial no afectaría a las obras.

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