Nueve de los 23 pisos que el Govern quiere expropiar en Menorca, correspondiente a un bloque de pisos de Ciutadella, se compraron hace menos de un año por una empresa local al banco que los inscribió en el registro de la Conselleria, según el propietario actual, que ha informado de que los pisos no tienen cédula de habitabilidad, acaban de ser reformados para su venta y algunos de ellos están ya apalabrados.
Se trata de nueve viviendas de un mismo bloque situado en el centro de Ciutadella, adquiridos hace meses por una sociedad limitada con sede en el municipio.
Son pisos de dos habitaciones y un baño, en un bloque que también tiene locales y párking. Según el listado que se ha publicado en el Boletín Oficial, tienen entre 55 y 82 metros cuadrados.
Un portavoz de la empresa ha explicado a Europa Press que compró estas propiedades a un banco en mayo de 2020, estando en obras, y que desde entonces ha estado reformándolas para venderlas.
Según han confirmado desde el Gobierno balear, fue el propietario anterior quien inscribió las viviendas en el registro oficial de la Conselleria: cuatro en diciembre de 2018 y los otros cinco en enero de 2020.
El actual propietario obtuvo el certificado de final de obra en octubre de 2020, y las cédulas de habitabilidad están en trámite. Precisamente, ha explicado el empresario, no se ha cerrado ninguna venta debido a éste y otros trámites pendientes, pero hay varios pisos apalabrados e incluso una lista de espera de compradores interesados.
Además, el propietario niega ser un gran tenedor ley porque asegura que no tiene más de diez pisos; sin embargo, consultado por Europa Press, el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha aclarado que la ley autonómica define como gran propietario a quien tenga ya diez viviendas -no a partir de 11- y «no únicamente del mismo titular, también se tendría en cuenta si formase parte de un grupo de empresas».
El propietario también argumenta que sus pisos no llevan dos años «parados» porque han estado reformándolos para ponerlos a la venta; sobre esto, Robsy ha indicado que la venta o la oferta de los pisos no interrumpe el cómputo del tiempo que permanecen vacíos.
A pesar de todo, la empresa se ha mostrado dispuesta a escuchar la oferta económica del Govern por la cesión de los pisos. «Si la oferta es interesante y tenemos que contribuir a que haya más vivienda social, por supuesto que lo haremos», ha indicado el portavoz de la empresa.
En un primer momento la compensación económica la establece de forma unilateral la administración, pero en caso de discrepancia el afectado por la expropiación puede plantear una valoración contradictoria. Estas diferencias pasarían por un órgano jurado que determinaría cuál es la valoración correcta, o incluso podría plantear una tercera valoración independiente. Si el propietario no está conforme, siempre podría recurrir por la vía judicial.
El propietario sostiene que el Govern todavía no les ha notificado el inicio del trámite de expropiación. La empresa sí había tenido conocimiento del interés del Govern por los pisos porque hace un mes fueron técnicos a hacer una inspección. «En el requerimiento quedaba muy claro el motivo de las visitas», ha incidido el director general de Vivienda.