El Juzgado de Instrucción número 1 de Ciutadella que dirige el juez Juan Pablo Molina ha dictado la orden de desalojo de 12 pisos actualmente ocupados de forma ilegal en dos bloques situados en la calle Degollador, entre los números 21 y 27.
La comitiva judicial, acompañada por el dispositivo de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se personará el próximo miércoles, día 24, en cada una de las viviendas reseñadas para proceder a su desalojo.
El elevado número de pisos okupados que deberán abandonar sus actuales moradores hace prever un amplio despliegue policial para intervenir en el caso de que fuera necesario si la orden finalmente es ejecutada.
Algunas de las viviendas que deben ser desalojadas ya lo habían sido con anterioridad, atendiendo a órdenes judiciales, pero los okupas han vuelto a instalarse en ellas. La diferencia es que en esta ocasión son 12 los pisos a desalojar, la mayoría de los que están en situación ilegal.
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de los bloques interpuso las correspondientes demandas después de la ocupación ilegal de estas viviendas, que son foco de suciedad y donde abundan las peleas en ocasiones relacionadas con drogas, desde hace al menos seis años. A pesar del proceso de mediación realizado en su día a través de una compañía contratada por la Sareb, los okupas no abandonaron las viviendas, o si lo hicieron volvieron a ser ocupadas ilegalmente, forzando incluso puertas blindadas instaladas por la propiedad, de ahí que las demandas siguieran su curso.
El pasado 7 de octubre la Sareb procedió a la limpieza de los deteriorados espacios comunes de los dos bloques, y ahora aguarda al desalojo para su reparación y venta con precios que oscilan entre los 83.000 y los 168.000 euros, según aparecía en páginas inmobiliarias como idealista.com. La comercializadora de los pisos es Haya Real Estate, especializada en la venta de viviendas adjudicadas a bancos y fondos de inversión.
Fueron construidos en 2010 por la constructora Ideas Rivis, pero con la llegada de la crisis los pisos no se vendieron por lo que pronto comenzaron a llegar okupas. Se calcula que han llegado a vivir en ambos bloques unas 20 familias, algunas incluso con niños de corta edad. En 2015 comenzaron las denuncias vecinales sobre la ocupación ilegal que se daba en algunos pisos construidos sobre el paso peatonal que enlaza bisbe Sever con el parking del OAR.