No hubo inspección de final de obra en Torre Vella y además no tenía por qué haberla. Es lo que defiende el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior, recordando que con los cambios aprobados en 2019 por el Govern en la Ley de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de Balears ese tipo de inspecciones para controlar que las obras se ajustan a la licencia antes de un inicio de actividad ya no son obligatorias en todos los casos, tampoco en el que nos ocupa, según aseguran, a pesar de referirse a la apertura de todo un agroturismo (dos si se suma el de Santa Ponça) en el suelo rústico de una Reserva de Biosfera.
El gobierno municipal ahonda todavía más en la cuestión legal y asegura que desde el pasado año, con el decreto 8/2020 y posterior ley 2/2020, el Govern ha posibilitado que muchos procedimientos se puedan hacer por declaración responsable o comunicación previa. Va más allá y afirma que durante el tránsito de ese decreto a ley «se vivieron situaciones insólitas», como las de algunas licencias que durante ciertos meses se pudieron hacer por comunicación previa. «Esos hechos causan una enorme inseguridad jurídica, no solo en los ciudadanos, sino también en los técnicos municipales». Reclaman una normativa «clara y que no cambie constantemente».
El Consistorio emitió ayer un comunicado en que reconoce que el caso Torre Vella «evidencia la necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes administraciones que deben vigilar dichas actuaciones», en alusión a las obras –la más llamativa la construcción de siete piscinas que en un principio debían ser depósitos– que se llevaron a cabo sin el amparo de la licencia.
El Ayuntamiento puso sobre la mesa la semana pasada una propuesta de mejora en ese sentido, facilitando el intercambio de datos entre administraciones para incrementar la vigilancia efectiva a través de la creación de una herramienta de consulta de expedientes en rústico «al estilo de Google Maps», con la que afirma que se podría conocer toda la información urbanística de una finca «haciendo un simple clic encima del mapa».
Descoordinación
En ese sentido lamentan que es muy habitual que existan diferentes expedientes de obras de una misma finca, «lo que dificulta en demasiadas ocasiones saber con exactitud si la construcción de un elemento concreto tiene licencia aprobada o saber el estado de tramitación, ya que el expediente sigue un trámite diferente dependiendo de las afectaciones».
Aseguran que a raíz de la denuncia del GOB, el Ayuntamiento de Alaior y el Consorcio para la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico «han intercambiado numerosos expedientes e información», un proceso que se podría facilitar y agilizar si el consorcio de disciplina en rústico pudiera tener acceso inmediato a todas las licencias y saber el estado de tramitación de cada finca, «algo que ayudaría sin duda a detectar antes las posibles irregularidades». Aseguran que Menorca tiene suficientes herramientas para hacerlo, como el portal cartográfico del IDE Menorca: «Es hora de ser más eficientes».