La Associació d'Hortals de Menorca pide la paralización de los expedientes en suelo rústico y negociar una solución para regularizar un problema de largo alcance. El mensaje llega después de conocerse que se han abierto ya 1.500 expedientes sancionadores, que equivalen a la cuarta parte de la planta de ‘hortals' que la propia asociación calcula que hay en la geografía insular.
Media docena de miembros de la misma se concentraron ante la sede del Consell en Maó en un acto de protesta que repetirán cada mes ante algún edificio de la Administración o lugar público. La asociación cuenta ahora con 60 propietarios y su presidenta, Dolors Martínez Bosch, denuncia que hay «un grupo de personas, políticos y familiares, que son inmunes a la obra ilegal», declara.
Multas de 8.000 euros al mes
El problema viene de lejos, desde que los «ayuntamientos hacían la vista gorda» hace 40 años. La política sancionadora puesta en práctica desde que entró en vigor la ley balear de urbanismo en 2018 es ahora «un agravio muy grande, te arruinan la vida. Hay personas con multas coercitivas de 8.000 euros mensuales durante un año para que derriben la casa o la edificación denunciada», explica la presidenta.
Reclaman un pacto, «que se paren los expedientes y buscar soluciones». Esa reivindicación exige un primer intercambio de impresiones con Josep Pastrana, conseller de Territorio, que todavía no está fijado en el calendario. Recuerdan que por parte del Consell y los ayuntamientos no se ha hecho nada en años en cuanto a núcleos rurales y planes especiales, las herramientas previstas en el PTI.
Por el contrario, agrega Martínez Bosch, solo ha habido persecución «a más de 5.000 familias que queremos proteger una forma de vida. Lo que están haciendo es una barbaridad», señala .
Al nuevo PTI han presentado alegaciones y la propuesta de dos nuevas delimitaciones, Es Plans d'Alaior y otra cercana a S'hort den Vigo en Ciutadella que se sumaría a las 15 que hay en este municipio. «Los 90 metros cuadrados son irreales, sale una media de 200, queremos que la gente pueda conservar sus propiedades», concluye la presidenta.
Per regularitzar habitatges fets il.legalment en sòl rustic, la llei ja va preveure un règim per poder-s'hi acollir, sempre complint uns requisits. Els polítics han de complir la llei i fer-la complir i si algun promet (per un punyat de vots) solucionar aquesta problemàtica, no està fent més que demagògia perquè no és possible donar cobertura legal de forma general a infraccions comeses i/o assumides. Ningú es contenta en què s'hagi de deixar sense casa a ningú, però estem sotmesos a la llei i a les normes i tots hem d'assumir les conseqüències dels seus incompliments.