Integrante del equipo de gobierno que redactó el primer Plan Territorial de Menorca en 2003, el historiador Josep Portella, a título individual, se ha erigido en el replicante más activo del nuevo PTI de 2021. La norma urbanística acaba de finalizar el trámite de exposición pública tras su aprobación inicial por el pleno del Consell el pasado diciembre.
Portella, entonces conseller de Cultura, Educación y Deportes bajo la presidencia de Joana Barceló, ha presentado un total de 50 alegaciones a la norma elaborada por el equipo de la presidenta Susana Mora, lo que supone el 10 por ciento de las alrededor de 550 que se han presentado en el plazo establecido durante la exposición, procedentes de diferentes entidades de la Isla, ecologistas en su mayoría.
En esencia, el que fuera, además diputado en el Parlament y concejal de Alaior por Esquerra de Menorca, considera que el nuevo PTI descuida la protección del ámbito rural y el paisaje para evitar la especulación turística, estima necesario incidir en la gestión de los recursos hídricos y la gestión del agua, y ve fundamental la creación de un Servicio Menorquín de Protección de la Naturaleza que asuma las funciones del Consorcio de Disciplina Urbanística y las amplíe con funciones de conservación.
«Mis alegaciones son ideas individuales, sin conocer el fondo de las cuestiones porque no estoy en los equipos de trabajo», explica Portella. Pretende, cuanto menos, «que estas aportaciones y las que han hecho otros colectivos sirvan para abrir un debate del que salga un mejor trabajo».
Recuerda el exconseller que el PTI de 2003 fue efectivo en detener radicalmente la edificación de viviendas unifamiliares en el campo, también en la limitación del crecimiento en los alrededores de las urbanizaciones, y en la creación de cuotas anuales de licencias de plazas turísticas nuevas para que el crecimiento se mantuviese en parámetros de sostenibilidad. También opina que funcionó la creación del Servicio de Disciplina Urbanística que ayudaba a superar las dificultades derivadas de la proximidad que tienen los ayuntamientos con sus administrados.
Sin embargo, el plan de 2003 no pudo abortar el crecimiento en suelo urbano «quizás porque esta burbuja inmobiliaria tiene mucha más fuerza que el mecanismo de regulación, a veces son inversiones ficticias».
Incide Portella en la necesidad de poner límites al crecimiento anual en las plazas turísticas del campo «como hicimos en el del 2003 con las plazas de las urbanizaciones». Si están previstas 14.000 en 10 años, el límite que propone Portella para el ámbito rural es del 3 por ciento, unas 300 para llegar al 2030 con 1.200 aproximadamente. «Son ideas personales, quizás sin base científica, pero para impulsar un debate», indica el historiador.
En relación a la gestión del agua, alega entre otras medidas que solo se permita una piscina por agroturismo u hotel rural y que en un plazo de 10 años el Consell ayude a que los propietarios de las piletas puedan cubrirlas para evitar la evaporación del agua.
La protección del Camí de Cavalls es otro de los puntos que no se aborda con suficiencia, opina Portella, para frenar su conversión en producto turístico y objeto de negocio. Pide que sea excluido de la estrategia turística y recupere el objetivo inicial de la Coordinadora del Camí.
Pese a su relación de alegaciones, Josep Portella subraya que el PTI de 2021 «no digo que sea menos proteccionista que el de 2003, cada época es diferente, pero en aspectos concretos debería ir algo más lejos».