El Consell quiere gestionar la crisis del coronavirus con poder suficiente para adoptar en primera persona las medidas o restricciones relacionadas con la misma. Así se lo hará llegar al Govern, que es el órgano competente para dictar las restricciones que se han venido aplicando hasta ahora y que, a juicio del Grupo Popular, autor de la propuesta, «nos han llevado a rastras» de las medidas tomadas para Mallorca.
Si el Govern no cediere esa facultad mientras dure la pandemia, el Consell acordó ayer por unanimidad solicitarle flexibilizar las medidas de seguridad y prevención contra la covid «adecuándolas más a la situación de la pandemia en Menorca» de acuerdo con el planteamiento realizado por los agentes sociales y consensuado con la propia institución menorquina.
La iniciativa fue defendida por Misericordia Sugrañes, «nos hacemos eco de una petición de la sociedad, que está harta», expuso, «porque nunca se ha diferenciado la situación sanitaria por islas y es hora de pedir tratamiento específico». Durante su intervención, recordó el año de pandemia, «que nos ha dejado cansados y engañados y se han criminalizados sectores sin datos reales», denunció la líder del PP.
La justificación de esta iniciativa está vinculada al 9 de mayo, la fecha en la que concluye el estado de alarma, que dejará a las comunidades autónomas la gestión de la pandemia. A partir de ese momento es cuando se plantea la idea de que el Consell asuma relevancia plena en la toma de decisiones.
Ciudadanía agotada
La presidenta del Consell, Susana Mora, intentó rebajar la crítica, «solo podemos decidir sobre competencias de Menorca y estamos inmersos en una crisis sanitaria, defendemos el camino que llevamos, aunque no tengamos todos los frutos deseados», dijo al tiempo que reconocía que la ciutadanía está agotada.
Así respondía a una Sugrañes que le había acusado directamente de acatar la disciplina de partido por encima de los intereses de Menorca. «Intenta autojustificarse», le espetó al recordarle las duras restricciones que ha afrontado la hostelería cuando los indicadores de Menorca eran mucho más leves.
No fue difícil, sin embargo, persuadir a la presidenta y a su equipo, quienes ya habían apostado por una desescalada más rápida que las otras islas. Lo han planteado en el ámbito turístico y en la hostelería consensuando con los agentes sociales menorquines una ruta de mayor actividad que luego no ha contemplado, o lo ha hecho más tarde de lo demandado, el Govern.
El acuerdo unánime del Consell queda ahora en manos del Govern y de sus servicios jurídicos, que han de valorar si es posible la delegación de esas competencias que, en algunos casos, afectan a los derechos fundamentales de las personas. Los grupos políticos han mostrado voluntad unánime de que así sea.