Costas no demolerá las casetes de vorera y además ha entendido que la mejor vía para la conservación de este patrimonio es la concesión a particulares. Las instituciones menorquinas han ganado esta primera batalla y han sido invitadas a participar en la segunda, la que ha de definir los criterios que se apliquen para las concesiones futuras, que serán por plazos más reducidos.
El acuerdo se alcanzó ayer a primera hora a través de la reunión telemática de alcaldes y el conseller de Cultura y Patrimonio, Miquel Àngel Maria, con la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol, y la jefa de la Demarcación de Costas de Balears, Almudena Domínguez. También participó el senador autonómico Vicenç Vidal.
Fue la alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marquès, quien había solicitado una reunión presencial en el Ministerio para tratar el problema cuando llegó la orden de demolición de una caseta en Alcalfar. Antes había llegado a Sant Esteve y la amenaza se cernía sobre todo el litoral, de modo que ayuntamientos y Consell decidieron afrontar juntos el problema.
Subdirección General
En el encuentro telemático de ayer se clarificó, en primer lugar, que la competencia, capacidad para interpretar la normativa, las decisiones y la ejecución de acuerdos corresponde a la Subdirección General y no a la Demarcación balear de Costas. De ese modo se aleja la presión que soportan los concesionarios.
En segundo lugar, la subdirectora general admitió desconocer la singularidad de este patrimonio histórico tan vinculado a la sociedad menorquina. Entendió enseguida que cuentan con protección legal mediante figuras como la declaración de Bien de Interés Cultural y su inclusión en los respectivos catálogos municipales. Los ayuntamientos respectivos y el Consell enviarán al Ministerio las fichas técnicas de cada una de las casetes que tengan inventariadas.
El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, valoró la actitud receptiva del Ministerio, provocada por la unidad que han mostrado las instituciones locales por encima de sus colores políticos. «Ha habido sensibilidad», dijo, y ha resultado clave para la conservación de estas típicas construcciones.
Por último, se constató que la vida tradicional asociada a las ‘casetes' tiene en las concesiones a particulares el mejor instrumento para su mantenimiento. Esa seguirá siendo la fórmula, aunque con plazos más breves.
Si son un Bien de Interés Cultural, todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutarlo ¿no? Entonces ¿porqué hay unos privilegiados que las pueden disfrutar y el resto no? Lo normal sería que hubiera una gestión pública y que se pudiera acceder a las casetas pagando como un albergue. Por no hablar de lo bien que irían para los que hacen el Camí de Cavalls. Lo de mantenerlas en manos privadas a un coste de risa no lo acabo de ver.