Después de una dura negociación el Consell insular ha alcanzado al fin un acuerdo con la propiedad de los terrenos donde se ubica el parking de Cala Mitjana. La institución insular abonará en concepto de alquiler la cantidad de 23.000 euros anuales más IVA, lo que supone un incremento del 53 por ciento en relación al importe que los dueños venían cobrando en virtud del convenio suscrito en el año 2012, al principio 12.000 y de un tiempo a esta parte 15.000 euros, que fue liquidado por el departamento de Movilidad en otoño del año pasado confiando en que podría alcanzar un acuerdo de compraventa o expropiar antes de que llegara la temporada turística.
El acuerdo, ya aprobado por consejo ejecutivo y que previsiblemente se rubricará esta tarde, es un por un periodo de tres años, tiempo en el que se espera que, vistas las dificultades para firmar una compraventa por lo alejado de las posturas, se pueda culminar la expropiación, de la que, según han advertido los servicios jurídicos de la máxima institución insular, debe hacerse cargo el Ayuntamiento de Ferreries, quien cuenta con el amparo legal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que la zona en cuestión esta cartografiada como infraestructura de aparcamiento.
La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, confirma el acuerdo y agradece «la buena predisposición de los propietarios», la familia De Olives, «que ha permitido abrir el parking sin que se hubiera firmado un contrato». Gomis reconoció que «ha sido una negociación intensa, pero provechosa». Cabe recordar que a principios de abril trascendió el desacuerdo entre unos y otros. Una tasación encargada por el Consell valoró los terrenos en alrededor de 80.000 euros, mientras los propietarios ponían un precio de 600.000 euros.
En un principio para el alquiler los propietarios solicitaban un acuerdo de larga duración, diez años, mientras el Consell estaba dispuesto a ofrecer cuatro, prórrogas incluidas. Los propietarios presentaron alegaciones al PTI en busca de que el planeamiento recogiera una solución.
En 2012 se firmó un convenio que estipulaba una compensación anual por el uso de los terrenos con el compromiso de una contraprestación urbanística que no ha quedado recogida ni en la aprobación definitiva del PGOU ni en el PTI.