Aparece una problemática nueva, muchos propietarios de viviendas en hortals están pendientes de juicio, saben que perderán, vendrá luego el derribo y se quedarán sin techo. En ese frente trabaja la Associació d'Hortals de Menorca, que busca un nuevo interlocutor institucional en la consellera de Vivienda y Cooperación Local, Cristina Gómez, con quien se reunieron esta semana.
Antes los expedientes de demolición se archivaban y, a cambio, se pagaba una multa. Ahora hay 1.500 expedientes abiertos, la mayoría irá a juicio y los infractores saben que perderán. «Si no se paran, todos acabarán en demolición», advierte Dolors Bosch, portavoz de la asociación.
Algunos de los infractores asumen la responsabilidad, evitan el juicio e intentan ganar tiempo solicitando al ayuntamiento licencia para el derribo de su propia vivienda. Dado que la licencia de obra incluye un plazo de 12 o 24 meses para realizarla, es el tiempo del que disponen para buscar una alternativa a la casa que pierden.
No es un caso aislado, cada vez son más y el derribo de algunas viviendas, a cuyos propietarios se le han impuesto multas coercitivas por el 100 % del valor dividido en 12 mensualidades, es inmediato, como ocurre con una casa del término de Sant Lluís. El caso ejemplifica el problema que viene, porque es una familia que se queda sin techo y necesita una solución habitacional.
Solo se salvarán los que puedan pagar esas multas para que sea el Consell quien tire luego de forma subsidiaria las construcciones porque son casos que no prescriben nunca. La asociación de hortals no se imagina al Consell demoliendo primeras viviendas de personas que no tienen alternativa.
El Consorcio, explica Bosch, bonifica el 95 por ciento de la sanción si el infractor derriba la casa en un mes o el 80 por ciento si lo hace en tres. «Un problema social no se resuelve tirando casas sino con los planes especiales que contempla el PTI», concluye.