Las reiteradas inundaciones y pérdidas que han padecido Rosa Robles, su marido y su hija menor de edad en su casa, junto al torrente de Es Plans, en Alaior, les han obligado a desalojarla temporalmente en más de una ocasión. La próxima vez que salgan de la vivienda, sin embargo, será definitiva.
Esos incidentes naturales, agravados por la deficiente limpieza del torrente, han acabado sacando a la luz que la construcción carecía de licencia en su origen y que posteriores mejoras y ampliaciones, antes y después de que la familia propietaria la adquiriera en julio de 2011, también se realizaron sin los permisos oportunos.
El Ayuntamiento de Alaior se vio obligado a poner en conocimiento del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, que la vivienda carecía de licencia pese a estar registrada y haberse realizado la operación de compra por los actuales propietarios ante notario. Tras la inspección y apertura de expediente el pasado enero, la junta del Consorcio resolvió el 20 de mayo que todas las construcciones de la parcela deben ser demolidas por los dueños, quienes además deberán abonar una multa de 31.885 euros. Esta suma se reduciría en un 80 por ciento si la demolición se hace según marca el fallo.
Desde entonces, la familia propietaria, que aún paga la hipoteca al banco y ha denunciado a quienes se la vendieron, dispone de dos meses para presentar el proyecto de derribo y uno más para ejecutarlo. El plazo se agota en septiembre. «Asumimos que debemos salir de nuestra casa, aunque no tengamos culpa ¿pero a dónde vamos?», indica Rosa Robles.
Cuando la compraron desconocían que la vivienda se había construido sin licencia, que estaba levantada en suelo rústico y sobre una ANEI que imposibilita cualquier proceso para legalizarla. «Nos enteramos cuando pedimos el informe urbanístico por los problemas que teníamos con las inundaciones, y fue cuando el Ayuntamiento lo denunció ante el Consorcio», explica la mujer. «Vino la inspectora, le aportamos las escrituras y toda la documentación, pero la casa se había hecho sin licencia», relata.
El proceso ha sido rápido puesto que el fallo estuvo listo en mayo con el voto de todos los ayuntamientos que forman parte de este organismo, salvo el de Alaior, que se opuso. «Hay expedientes que corren mucho y otros que van muy lentos, y este ha ido muy rápido cuando no debía ser así», explica Cristóbal Marqués, senador y edil de Urbanismo de Alaior. «Por eso votamos en contra pese a haber puesto la irregularidad en su conocimiento, ya que era nuestra obligación al ser una construcción posterior a 1987». Marqués indica que este caso podía haber tenido un proceso más lento, «es una familia con una hija menor y se trata de su primera vivienda, por tanto quedarse en la calle no es la solución». El Ayuntamiento les está ayudando a buscar un piso de alquiler mientras la familia ha acudido al Ibavi en busca de una vivienda de protección, «pero el plazo que nos dan es de dos años», indica la mujer. Recuerda, además, que desde que la compraron han estado abonando los recibos del IBI y la basura, «o sea que la responsabilidad no deberían dárnosla solo a nosotros», al figurar la casa en el registro.
La meva solidaritat amb aquesta familia. Esperem que l'ajuntament d'alaior sigui igual de riguroso amb Torre Vellai les seves piscines, camins....