El anuncio vía Twitter de la exigencia de la vacuna completa para entrenar, competir o acceder a gimnasios a partir de septiembre ha sembrado el desconcierto en el sector deportivo, acostumbrado como el resto a los vaivenes normativos que marca la pandemia pero todavía sin nociones muy claras sobre esta medida y su aplicación.
«Oficialmente no sabemos nada, solo el tuit del Govern, la Federación Balear de Baloncesto aún no nos ha informado», señaló ayer Pito Enseñat, vicepresidente del C.D. Alcázar, «actuaremos según las normas, cuando recibamos instrucciones lo comunicaremos a las familias», avanza. En el C.D. Alcázar las edades van de los 3 a los 40 años, acabó la temporada el 20 de junio con 240 jugadores, cuando la vacunación no estaba aún disponible para los más jóvenes, y el próximo día 18 se retoma. «No sé qué proporción de jugadores puede estar ya vacunada», señala Enseñat, quien añade que la decisión o no de vacunar a los más jóvenes «es de las familias» e intuye que el pase covid repercutirá en el club si algunos padres no vacunan a sus hijos, «una decisión respetable, pero si no pueden entrenar o competir, igual habrá bajas entre los jugadores».
Del mismo modo Dino Gelabert, presidente de la Unión Deportiva Mahón, asegura no tener noticias de la Federación Balear de Fútbol sobre la necesidad de entrenar con certificado vacunal anunciada por el Govern en su cuenta de Twitter. «En la junta de este martes se abordará el tema pero de momento no tenemos directrices», afirmó. De momento los juveniles han empezado a entrenar esta semana con las medidas actuales, con contacto y sin mascarilla, al igual que sucede en el bàsquet.
Por su parte, el concejal de Deportes de Maó, Carlos Montes, señaló que en el polideportivo no será problema controlar el certificado de vacunación en los accesos, para las distintas zonas del complejo, porque como en otros centros deportivos y gimnasios ya se lleva un registro de usuarios. No obstante aprecia que la medida puede ser controvertida, al tener que velar por el uso de unas instalaciones públicas y al mismo tiempo restringir la entrada por el bien colectivo.