El Ayuntamiento de Es Castell limitará a cinco años el tiempo durante el cual sus vecinos pueden obtener una bonificación en el IBI por el hecho de haber instalado placas solares sin estar obligados a ello. La nueva ordenanza, que contempla otras modificaciones, está siendo sometida en estos momentos a un proceso de consulta pública.
En la ordenanza actual no hay límite de tiempo para esta bonificación. El concejal de Hacienda, Óscar Gómez, comenta que la medida pretende que el ciudadano compense una parte de la inversión efectuada para disponer de energía limpia, pero sin llegar a sobrepasarla mediante la suma de una cantidad indeterminada de importes bonificados. Para las propiedades que ya gozan de esta bonificación, los cinco años cuentan a partir de la entrada en vigor de la nueva norma.
También se cambian los porcentajes de bonificación. En la ordenanza actual es del 30 por ciento para cualquier instalación de energía solar, mientras que en la que ahora se tramita pasa a ser del 25 por ciento para sistemas de aprovechamiento térmico (para disponer de agua caliente) y del 50 por ciento para sistemas de aprovechamiento eléctrico.
Actualización en el puerto
En cuanto a los tipos impositivos, el IBI general no cambia ni en suelo urbano ni en rústico.Se actualiza el correspondiente a Bienes Inmuebles de Consideración Especial (BICE), que afecta a las actividades que se desarrollan en el puerto. Pasa del 0,40 al 1,30. Óscar Gómez explica que así se equipara con el tipo impositivo de Maó, lo que simplifica el pago de este impuesto. El recibo en este caso es peculiar. La cantidad que paga cada local del puerto, tanto de Maó como de Es Castell, se distribuye entre los dos consistorios:un 81 por ciento para el primero y un 19 por ciento para el segundo. Hasta ahora cada parte tenía un tipo distinto, lo que ahora se pretende solventar.Este BICE está bonificado para la actividad comercial y de restauración casi al 50 por ciento.
Entre el resto de cambios destaca la vinculación de las bonificaciones por renta al Iprem y la posibilidad para el ciudadano de establecer de forma regular el pago fraccionado del IBI en seis cuotas.