El Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico de Menorca continúa con su eterno problema en el cobro de las sanciones impuestas, aunque durante 2020 logró incrementar algunos puntos el exiguo porcentaje de los infractores que acaban pasando por caja. Eso sí, el año pasado se produjo una notable reducción en el volumen de las multas cursadas. El Informe de Intervención incluido en la Cuenta General del pasado ejercicio, que en estos momentos está en periodo de exposición pública, atribuye esta última circunstancia al efecto del confinamiento general por la covid-19, periodo durante el cual no hubo sanciones, y a la disponibilidad de un asesor jurídico menos en la plantilla de este organismo.
El año pasado el Consorcio cerró expedientes sancionadores por un importe total de 873.827 euros. Es una cantidad considerablemente inferior a los 5,5 millones de euros de 2019 o los 3,6 millones de 2018. De esta cantidad, se cobraron 83.388 euros, lo que supone un 9,5 por ciento del total. Además, se han conseguido liquidar una parte de las cantidades pendientes de ejercicios anteriores, lo que supone que en el acumulado desde la creación del Consorcio el nivel de cobro efectivo se sitúa en el 10,7 por ciento, cuando al cierre del ejercicio 2019 este porcentaje estaba en el 7 por ciento.
En ocho años de actividad de este organismo coparticipado por el Consell y los ayuntamientos se han impuesto sanciones por un importe total de 10,9 millones de euros y se han hecho efectivos 1,1 millones. Una parte de estas multas con que se cierran algunos de los expedientes del Consorcio se acaba liquidando por otras vías, como sentencias judiciales o bonificaciones que se aplican al restituir la legalidad.
La elevada actividad punitiva de los dos ejercicios precedentes ha generado, por los sistemas de cálculo que se emplean en estas cuestiones, un importante incremento de la cantidad de las sanciones impuestas que se consideran de dudoso cobro, capítulo que pasa de 1,4 a 2,7 millones de euros. Más de la cuarta parte del total pendiente. En su informe, Intervención solicita una vez más un mayor esfuerzo en la recaudación de estos derechos reconocidos a favor del Consorcio y define la realidad del organismo en este sentido como un «contexto ilusorio». Es, afirma el documento, su problema más acuciante.
Caja a mínimos
Estos anómalos porcentajes de cobro en el Consorcio provocan que la entidad disponga de una buena salud a nivel contable, con más de 7 millones de euros de remanente de tesorería, lo que en teoría le debería permitir devolver al Consell todas las aportaciones anuales que le ha hecho para que pueda funcionar, una cantidad que sube a 1,4 millones de euros. No obstante, esta opción no es aplicable porque el saldo de tesorería del Consorcio, es decir, el dinero que tiene en sus manos, tan solo son 62.173 euros.