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La Policía evalúa si los informadores de playa pueden hacer esta labor

Realizó una inspección el pasado mes tras recibir quejas de empresas de seguridad al estimar que no tienen formación para hacerlo

Los informadores en el control de acceso a aparcamientos. | Josep Bagur Gomila

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Agentes de la Policía Nacional, del área de Seguridad Ciudadana de Maó han abierto diligencias para evaluar si el trabajo que desempeñan los informadores de playa en la Isla cumple con el que recoge las bases de contratación y el que pueden realizar.

Esta investigación, al parecer, respondería a las protestas de una o varias empresas de seguridad privada que habían concurrido a la última licitación del Consell, al entender que las personas que realizan este trabajo no tienen la formación precisa para hacerlo con lo que, en cierto modo, y en ocasiones hacen funciones que no les corresponden.

La Policía ha realizado varias inspecciones en los lugares en los que se sitúan estos informadores, en los aparcamientos de varias playas. Lo hizo el pasado 12 de septiembre en el de Cala Pilar, y en las playas de la costa sur de Ciutadella.

Los agentes preguntaron a los informadores, todos ellos pertenecientes a la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, cuál era exactamente su trabajo y qué horario realizaban, entre otras cuestiones. Posteriormente, la Policía levantó acta de estas inspecciones aunque por el momento, ni en el Consell, responsable de la contratación de la Fundació, ni en la propia institución para discapacitados han recibido ninguna comunicación al respecto.

Los empleados de la Fundació cuidan accesos y aparcamientos de La Vall, Cala Pilar, Binimel.là, Cala en Turqueta, Son Saura y Macarella. La temporada concluyó para ellos el pasado 3 de octubre, fecha final del periodo contratado, aunque repetirán el próximo año puesto que la duración del acuerdo es bianual, por un importe de 430.148 euros.

Desde el Consell han señalado que la licitación, a cargo de la Conselleria de Movilidad y la de Bienestar Social, que es la que otorga el servicio, se dirige principalmente a centros especiales o empresas de inserción con una plantilla en la que, como mínimo, el 30 por ciento de los trabajadores sean personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. La Fundació ha ganado las licitaciones de los últimos años.

Cada verano sus trabajadores sufren episodios de incomprensión y violencia verbal de turistas cuando les informan que ya no pueden acceder porque los aparcamientos están llenos.

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