UGT Servicios Públicos y la Federación de Entidades Municipales (Felib) han coincidido en celebrar este martes el aplazamiento de la huelga de basuras en la part forana de Mallorca y en Menorca y en reclamar un convenio colectivo autonómico para el sector.
UGT Servicios Públicos ha celebrado en un comunicado la desconvocatoria de la huelga de basuras por parte de CCOO y el principio de acuerdo alcanzado con la patronal y la FELIB.
Ha destacado que se haya desencallado el diálogo sobre el convenio autonómico «al que todos dicen querer llegar» para el sector y que se retome el trabajo en la mesa de negociación.
Ha añadido que si se consigue firmar un convenio autonómico que «mejore y homogeneice las condiciones laborales y salariales» del personal de limpieza y recogida de basuras será «el punto de partida para solucionar un conflicto permanente de un sector clave y estratégico para la economía de Baleares».
Según UGT, el actual modelo «está atomizado y fomenta la precariedad por un supuesto ahorro económico que recae sobre las espaldas de los trabajadores con la complicidad de las administraciones, sin que se haya mejorado la inversión ni la calidad del servicio», ha subrayado UGT Servicios Públicos.
Además del avance laboral que significaría el convenio colectivo debería crear un modelo de gestión unificada a nivel autonómico de la recogida y limpieza viaria en Baleares, que daría «una solución definitiva a la conflictividad permanente del sector».
La FELIB ha celebrado el anuncio de aplazamiento de la huelga y ha destacado su labor de mediación, aunque los responsables de negociar el convenio sectorial autonómico son los sindicatos y la patronal.
La entidad ha pedido «un talante respetuoso, conciliador, positivo y sincero de las partes negociadoras si se quieren alcanzar los objetivos comunes» en las futuras reuniones y ha lamentado que «a veces se utilice a los Ayuntamientos como medio de presión».
La federación de entidades locales ha ofrecido sus recursos de asesoramiento y mediación para poder estudiar todos los contratos individualmente y «encontrar una solución ajustada a cada caso».
Ha remarcado que los ayuntamientos, según la normativa y los contratos vigentes, no pueden pagar a las empresas adjudicatarias los servicios que no se presten dentro de sus obligaciones y que, en ningún caso, deciden si este coste se imputa al trabajador.
«La relación contractual es entre el trabajador y la empresa adjudicataria, por lo tanto es a las empresas a quienes corresponde decidir si sanciona o imputa descuentos a los salarios de los trabajadores por el motivo de hacer huelga», ha precisado.
La FELIB pide que se avance hacia el convenio sectorial autonómico porque «es la mejor herramienta para avanzar hacia una unificación salari