A simple vista puede parecer una contradicción el hecho de que los clientes necesiten un certificado de vacunación, prueba diagnóstica reciente o justificación de haber pasado la covid, para poder entrar en un local de restauración, pero que esa exigencia no afecte a los trabajadores de esos mismos locales, según establece la nueva normativa que entró en vigor el sábado en Menorca.
El Govern ha precisado en las últimas horas que solo los empleados de las residencias geriátricas están obligados a cumplir el requisito, o bien a someterse a tres pruebas diagnósticas semanales (al menos dos de ellas PCR) para poder seguir en su puesto de trabajo, en función del mayor riesgo que supone para ellos y para los usuarios de estos centros. Así lo expresó la consellera de Salud, Patricia Gómez, en rueda de prensa el pasado viernes, aunque una información de la agencia EFE le atribuía que la obligatoriedad era extensiva también a todos los trabajadores de la restauración.
La norma en realidad excluye a los empleados de la restauración, gimnasios, cines o academias de baile por normativa laboral y protección de datos. A un cliente se le obliga a demostrar que está vacunado pero el código QR que se verifica no queda registrado. En cambio, si se le exigiera al trabajador sí quedaría constancia de su estado en relación a la vacuna, que no es obligatoria. Además, el trabajador depende del empleo para subsistir, mientras que el ocio se considera siempre voluntario.
La legislación laboral vigente en España protege en mayor medida los datos personales de los profesionales, ya que esa información puede generar una situación de discriminación que acabe con su medio de vida.
El conseller y portavoz del Govern, Iago Negueruela, también ha precisado que la certificación sólo se solicita a los clientes que accedan al local y no a los empleados, quienes además deben hacer siempre uso de la mascarilla obligatoria, mientras que los usuarios se la retiran para consumir.