El proyecto de una segunda piscina pública cubierta en Maó no está teniendo, precisamente, un camino fácil hacia su ejecución. A finales de 2019 una primera licitación de las obras quedó desierta, lo que obligó a rehacerlo. El concurso para contratar esta tarea de rediseño, además de la dirección de los trabajos, se inició este octubre, pero de nuevo han surgido complicaciones.
A solo un día de cerrarse el plazo para la recepción de ofertas, el 10 de noviembre, la Demarcación en Balears del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos presentó un recurso de reposición contra el pliego de condiciones de la licitación, al ser excluidos estos profesionales de la opción de llevar a cabo algunas de las tareas ofrecidas. Solo se admitían arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales dentro del equipo mínimo establecido.
El Colegio defendió que «la capacidad técnica de cualquier ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para la dirección de obras de estructuras metálicas y de edificaciones de uso deportivo, tales como las que son objeto de la licitación, resulta indudable» a tenor de su formación, por lo que en base a la jurisprudencia al respecto expuso se vulneraban «los principios de libre competencia y de libertad de acceso a la licitación pública».
El Ayuntamiento de Maó aceptó el recurso, abrió los trabajos a cualquier «ingeniero competentes» y reinició la licitación, cuyo plazo de entrega de ofertas acaba el 16 de diciembre. Un mes y cinco más de retraso.