Un informe de la Fundació Marilles estima que siete de cada diez langostas que se sirven en los restaurantes menorquines proceden del mercado ilegal, lo que la convierte en la principal actividad de pesca furtiva en la Isla.
La mayoría de las afirmaciones que contempla el trabajo, primero que aporta datos sobre una práctica conocida, están documentadas considerando que se han evacuado consultas con todas las cofradías de pescadores de Balears, asociaciones de pesca recreativa, cuerpos de seguridad y restaurantes, entre otros.
El diagnóstico detalla que el paradigma de la venta ilegal capturada por la flota de bajura se produce en Menorca con la venta de la langosta en verano y la oferta directa a los restaurantes porque existe una gran diferencia entre lo declarado y lo que se vende. Así estima que siete de cada diez langostas vendidas provienen del mercado negro. Las plantas bajas de los establecimientos a pie de mar, indica, dificultan las inspecciones porque es complicado detectar el traspaso.
La falta de inspectores, en parte, y la gran demanda de restaurantes y particulares que compran pescado fresco a precio más barato dificultan el control, aunque la Fundació Marilles subraya que existe una tolerancia respecto a los furtivos de la flota de bajura que guardan cajas de capturas para clientes directos. Hay indicios, señala, de que a veces pescadores profesionales y recreativos se cubren las espaldas. En Menorca es frecuente que existan lazos familiares en ambos lados. Los responsables del estudio se han entrevistado con cinco restauradores menorquines para obtener datos.
La pesca ilegal está tan extendida en las Islas como tolerada, subraya el informe, por todos los sectores que de la barca al plato participan en la captura, comercialización y consumo del pescado autóctono.
Existen cálculos no publicados que estiman las capturas no declaradas por la flota profesional entre un 30 y un 40 por ciento del total. Se calcula que cada año se cogen 1.200 toneladas de pescado no declarado en las Islas -3.000 son las que declaran los profesionales-, y que estas ilegalidades son extensivas a toda clase de pescadores, también las barcas de arrastre por utilizar redes mayores o hacerlo con el motor a más potencia de la permitida.
«Hay miedo y muchos conflictos de intereses», indica un profesional al que alude el informe, por lo que la denuncia es una excepción.
La Fundación Marilles se creó en 2017 con el propósito de convertir Balears en ejemplo de mundial de conservación del mar. Entre su consejo asesor se encuentra el coordinador de política territorial del GOB, Miquel Camps.
El jueves presentó en Palma el informe relativo a la pesca ilegal en Balears, en un acto al que asistió la titular de Agricultura y Pesca del Govern, Mae de la Concha, y en el que sus autores pidieron que aumente el control, las inspecciones y las campañas de concienciación al consumidor. La consellera avanzó sobre la falta de recursos de su Conselleria que el próximo ejercicio dispondrán de dos vigilantes más, aunque admitió que es difícil controlar todo el litoral, «tiene más kilómetros de costa que Cataluña y Valencia juntas». De la Concha abogó por generalizar un «sello de calidad» que identifique al pescado.
Las conclusiones que muestra el diagnóstico de la Fundació corresponden a los datos recogidos entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. En su elaboración ha colaborado la fundación Menorca Preservation.
Por un lado ciertas modalidades de pesca, como el arrastre, no son sostenibles y tarde o temprano van a desaparecer. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por otro, los pescadores de recreo no pueden abusar y tiene que haber control como con los profesionales. Que haya 7000 o 50000 pescadores de recreo no es de incumbencia de los profesionales y las rabietas suenan bastante patéticas.