El GOB critica al Ayuntamiento de Maó por haber protagonizado una «carrera sin precedentes» para otorgar licencias de obra en Cala Llonga antes de que entrara en vigor la moratoria por carecer de un sistema de alcantarillado activo. Para el GOB estos permisos de obra —que son 38 según las últimas informaciones— no obedecen al interés general y suponen una amenaza ambiental porque a día de hoy la urbanización todavía desconoce a qué depuradora se conectará para tratar sus aguas residuales.
Las licencias concedidas, añade el GOB en un comunicado, corresponden a casas unifamiliares con piscina, una parte de las cuales son promovidas por empresas, lo que hace pensar que serán viviendas con un uso intensivo en la temporada turística.
El último trámite referido al alcantarillado de Cala Llonga salió a exposición pública en septiembre y en él se preveía una canalización que llegará hasta el cruce de Sa Mesquida. Sin embargo, una vez allí el proyecto señala que se transportará el agua residual a una nueva estación cuya ubicación está por definir.
El GOB ha recurrido la concesión de estas licencias y las primeras respuestas del Ayuntamiento argumentan que la responsabilidad municipal se limita al suelo urbano y que la nueva depuradora es competencia de otras administraciones. Una lectura que no comparten, ya que para ellos «la legislación es clara cuando dice que el ayuntamiento tiene que haber aprobado un proyecto que dote de alcantarillado y asegure la conexión a un sistema de depuración».
El grupo ecologista recuerda que las directivas europeas fijaron como fecha límite el año 2005 para que todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes dispusieran de alcantarillado. Un incumplimiento que está obligando al Estado español a pagar multas millonarias. En el caso de Balears se han aprobado hasta siete prórrogas para tratar de esquivar este requisito y seguir dando licencias.