El 75 por ciento de los letrados de la Administración de Justicia (antiguamente, Secretarios Judiciales) de los juzgados de Maó secundan la huelga convocada este miércoles por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el segundo sindicato con más fuerza del colectivo. Tres de los cuatro juzgados estarán paralizados como consecuencia del paro, por lo que se suspenderán los diez juicios previstos para esta jornada.
También quedarán afectadas las ejecuciones procesales, comparecencias, señalamientos, actos como ratificaciones y resoluciones judiciales, mandamientos de pagos o certificaciones matrimoniales.
El juzgado número tres realizará servicios esenciales, como medidas cautelares urgentes o servicios para presos, inscripciones de nacimiento, defunciones y matrimonios, y atendrá a servicios de guardia, con una actividad judicial que será similar a la de un fin de semana.
Sobrecarga de funciones
El colectivo reivindica un acuerdo para la subida salarial. En palabras de Sonia Pallejà, Letrada de la Administración de Justicia de Maó, «que se corrija el grave desajuste entre el salario, las funciones y las responsabilidades asumidas».
Denuncian un aumento del 30 por ciento de sus competencias en los últimos años con funciones como la dirección procesal de las oficinas o la tramitación de procedimientos y ejecuciones, entre otras, que suponen un «desequilibrio entre las obligaciones y derechos» de los trabajadores. Antiguamente, estas funciones estaban atribuídas a los juces.
Lo que gana un Letrado de la Administración de Justicia con siete días de guardia, alega Pallejà, son 1.800 euros y la hora de guardia se paga a menos de un euro.
A pesar de que el Ministerio de Justicia reconoció la necesidad de adecuar los salarios de este sector, en la última reunión del 13 de diciembre no se consiguió la desconvocatoria de huega anunciada por la UPSJ, ya que la oferta del Gobierno pasaba por un aumento salarial de diez euros al mes, una subida que los sindicatos ven insuficiente.
Los trabajadores de los juzgados de Maó se suman así a una protesta que tendrá entre un a nivel nacional tendrá entre 80 y un 90 por ciento de seguimiento, con gran impacto y afectación en la actividad judicial.