Por normativa nacional, los precios del transporte regular de pasajeros que se cubre bajo concesión pública han de ser revisados en abril y entrar en vigor en mayo. La escalada de precios del combustible es en esta ocasión un factor que podría tenerse en cuenta e implicar alguna subida para compensar el aumento de costes que las empresas acumulan por la citada escalada.
No es de momento la intención de la Conselleria de Movilidad, responsable de los precios. El transporte regular está lejos todavía del volumen de pasajeros de los años de prepandemia y el aumento de precio no es precisamente un estímulo para fortalecer el servicio. Las promociones para fomentar el uso del bus, como los bonos que se ofrecen ahora, no sufrirán encarecimiento, según las intenciones expresadas por la Conselleria.
Si se introduce algún alza en los billetes sería en principio en los individuales, la subida de unos céntimos como la aplicada el año pasado.
Otra cosa es la reivindicación que planteen las concesionarias, que podrán reclamar alguna compensación por el incremento de costes que ha supuesto el encarecimiento del combustible. La situación de transición en la que se hallan los contratos es otra circunstancia que puede incidir en la próxima negociación.