El Partido Popular se ha abierto en canal. La guerra de acusaciones entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por la presunta comisión que se llevó el hermano de la presidenta de Madrid por la venta de mascarillas sacude toda la estructura de la agrupación, y se pronostica un fatal desenlace que podría derivar en la muerte política de alguno de los adversarios. Desde Menorca, en el seno del partido impera el silencio aunque se palpa la preocupación. Los representantes se limitan a explicar su «perplejidad» desde la absoluta prudencia. La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, asegura que la noticia llegó entre «sorpresa y el dolor» por como se está escenificando en los medios de comunicación el asunto: «Todo lo que salga de puertas a fuera nos perjudica».
«Actuar así da mal ejemplo», declara Sugrañes, quien lamenta que el episodio pueda pasar factura en unos futuros comicios, aunque asegura estar más concentrada en «los problemas de los menorquines por las restricciones y limitaciones que nos quieren imponer con la ley turística».
Por su parte, desde las juntas locales se respira el mismo ánimo de «estupefacción». Así lo afirma Mateu Ainsa, presidente del PP de Maó, que apela a la «presunción de inocencia» de la presidenta Ayuso: «Me cuesta creer que un contrato que está publicado en el Portal de Transparencia no cumpla los requisitos que marca la ley», declara Ainsa, a la vez que admite que este clima no ayuda en el ascenso de la derecha de Vox. El líder de los populares en Maó ve «difícil una reconciliación», y asegura que «el partido está por encima de las personas» y que «nadie es imprescindible».
Por su parte, desde el PP de Alaior, José Luís Benejam defiende la cohesión y la fortaleza del PP de Menorca y define la situación como «poco deseada y desagradable». También Juana Mari Pons de los populares de Ciutadella ve con preocupación la crisis interna aunque se muestra convencida de que se resolverá internamente y «no pasará a mayores».