Día grande, «importante para Menorca», al decir de la presidenta Susana Mora; «histórico», según Josep Juaneda, por la aprobación en el Consell de la proposición de ley Menorca Reserva de Biosfera. Los restos de tensión entre PSOE y Més de Menorca tras la semana de pasión protagonizada por ambos han desaparecido aparentemente al consumarse el reencuentro con el visto bueno al texto, que es «importante para asegurar la vía menorquina del crecimiento», dijo Mora.
La proposición tendrá entrada en los próximos días en el Parlament, donde llega con la voluntad de que sea modificada lo menos posible y sea aprobada antes de final de legislatura. Cristina Gómez, de Unidas Podemos y tercera pata del gobierno insular, lanzó la primera alerta, «los atajos no son buenos aliados en Derecho» y el «ilusionismo crea luegro frustración», en referencia a la crisis en torno a la iniciativa, aunque «Menorca tendrá la mejor ley», aseguró.
Juaneda explicó los distintos títulos de que consta y repasó los orígenes de la reserva desde que en 1988 Guillem Orfila, histórico ecologista y unos de los fundadores del GOB, contactara con el programa Mab y Joan Huguet impulsara la candidatura y el reconocimiento por la Unesco en 1993. Los trabajos para elaborar la proposición de ley, que ayer dio su primer paso en serio, comenzaron en diciembre de 2019 con el inicio de consultas.
Lamentó, al igual que la presidenta, que no se hubiera logrado el consenso de todos los grupos. Eugenio Ayuso, de Ciudadanos, expuso que con más trabajo se habría obtenido un texto más consensuado, que este es precipitado y pidió su retirada.
¿Unanimidad?
El portavoz del PP, Adolfo Vilafranca, cuestionó ese lamento, «¿apoyo unánime cuando ni los partidos del equipo de gobierno se ponían de acuerdo?, ¿han resuelto las dudas jurídicas?, ¿tanta prisa ahora después de 30 años y siete de mando de este equipo?», se preguntó, al tiempo que recordaba la sobreactuación de PSOE y Més en la crisis.
En su opinión, se trata de una lucha de poder entra ambos y plasmada en esta ley, «es una estrategia política en sentido peyorativo, no va de medio ambiente como quieren hacer ver», dijo, al tiempo que citaba algunas contradicciones, principalmente de Més por su reivindicación de la soberanía de Menorca «y dejar que sea luego el Parlament quien modifique el texto. ¿Cómo queda la soberanía de Menorca, la trasladamos a Palma?», denunció.
Para el portavoz popular, la ley era necesaria para conseguir una financiación adicional como la tienen Mallorca y Eivissa y por eso la propuso su partido y que según el texto aprobado «no queda garantizada la financiación», agregó.
Josep Juaneda, conseller de Medio Ambiente, le reprochó que esa intervención, en la que dijo que aludía a borradores antiguos, según dijo, «hubiera hecho más aportaciones que en los dos últimos años» y que el PP «estaba de acuerdo en un 95 por ciento del contenido antes de levantarse de la mesa». Para avalar el talante negociador, explicó que se habían aceptado sugerencias de Ciudadanos y del propio PP para cambiar el concepto ‘prohibir' por el de ‘regular'.
Cristina Gómez les pidió a ambos grupos de la oposición «altura de miras, si no pasarán a la historia por haber votado en contra de esta ley». En la misma línea se expresó la portavoz socialista, Bàrbara Torrent, «esto se resume en un sí o un no, ¿quién está a favor y quién está en contra?, el PP comete un error», acusó sin reparos.
A Vilafranca le molestó al simplificación maniquea del «quién es el bueno y quién el malo. La derecha, como siempre», ironizó. En su alegato cuestionó directamente el rigor en el contenido de algunos artículos además de «las muchas dudas de legalidad que genera, la transferencia de las competencias que relaciona puede hacerse sin la ley», dijo.
Considera que la propuesta de gestión directa del impuesto de turismo sostenible «es un tiro al pie» ya que Menorca ha venido recibiendo más por la ecotasa de lo que aporta y echó mano de los aspectos de la ley que critica el colegio de ingenieros forestales.
Sobre la posibilidad de limitar la entrada de vehículos a la Isla, Juaneda precisó que se trata de una opción que se haría «con datos objetivos».