El Consell ha aprobado la convocatoria para la concesión de 21 licencias de vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC. Serán autorizaciones de seis meses al año y se limitarán a tres unidades como máximo por peticionario.
No se abre la veda, o esa es la intención que se desprende de las bases, a la instalación de las multinacionales que tanta oposicion y conflicto han generado en años pasados entre el gremio del taxi. En la decisión ha primado la demanda que registra este segmento del transporte, la insuficiencia mostrada el año pasado por el taxi y el interés por ampliar y mejorar la oferta del transporte público.
La convocatoria, salvo demoras imprevistas, será publicada este jueves en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) y ya llega con retraso. La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, ha intentado acelerar el proceso, pero la crisis provocada por su partido en el equipo de gobierno lo ha retrasado quince días.
Además, la consellera de Podemos, Cristina Gómez, votó en contra de la convocatoria porque cuenta con un informe desfavorable de los servicios jurídicos de la institución. «Es desfavorable, pero no negativo y podemos seguir adelante», precisa Gomis, quien explica que la causa es la carencia de reglamento. Este documento es el que establece, entre otras exigencias, el régimen de sanciones.
‘Uberización'
La consellera de Movilidad descarta una «uberización» del servicio, una de las posibles repercusiones más cuestionada. Las cláusulas del concurso establecen que se autorizarán tres vehículos por peticionario, una restricción que, entiende, disuade por sí misma a las multinacionales, que trabajan con flotas e infraestructura de más envergadura.
Además dispondrán solo de quince días para presentar la solicitud. Dados los plazos con los que trabaja la administración es muy probable que la resolución no llegue hasta junio y que este primer año no alcance para los seis meses para los que se estipulan las licencias.
Aquellas ofertas con vehículos eléctricos, híbridos o bajos en contaminación serán mejor puntuadas. En principio, parecen dirigida a las empresas locales de transporte de pasajeros en general que de esta manera deseen añadir esta modalidad a sus prestaciones, empresarios autónomos o incluso taxistas. La inversión exigida en todo caso ha de ser proporcional a la calidad que caracteriza este servicio.
La respuesta de los taxistas no es unánime, en opinión de la consellera, «los hay que son partidarios», dice. Un estudio encargado por su departamento concluye que se podrían autorizar hasta cien licencias, pero se ha preferido limitar tanto la cifra como el tiempo.
Defiende la apuesta, «es un servicio más caro, pero más seguro, hay una demanda de clientes de alto poder adquisitivo, que prefiere los encargos con reserva, puntualidad y presupuesto», explica. Son servicios «inherentes a un destino de calidad», de los que Menorca disponía hasta ahora en pequeña escala, una sola empresa de seis vehículos.
En su opinión, «no se va a quitar el trabajo a nadie, sino que se va a generar más empleo». Así y todo, admite que no es una solución para solventar el problema del transporte en verano, se trata de un refuerzo en combinación con las licencias temporales de taxi que solicitarán todos los municipios «y que activamos en 48 horas», asegura.