Era un borrador, simples apuntes para la consellera balear de Presidencia y para el Consell, sin validez documental. Esa es la conclusión que se deriva de la respuesta que ha recibido el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ante la petición formal del documento.
Se trata de «un borrador elaborado a partir de una comunicación verbal, de una posible o posterior petición formal de un informe, que finalmente no llegó», según la respuesta de la consellera a la solicitud tramitada por el diputado menorquín.
Aduce la consellera aludida, Mercedes Garrido, que desde la Abogacía de la Comunidad Autónoma se preparó «un borrador de notas jurídicas urgentes sobre un anteproyeto de proposición de ley de Menorca Reserva de Biosfera sin que pueda afirmarse que se trataba de la versión definitiva del anteproyecto. En consecuencia, el borrador de notas urgentes no llegó a firmarse a la espera de que fuera tramitada la versión definitiva y la petición formal» de la misma, explica la representante del Govern en este episodio.
Agrega que como no llegó ni una cosa ni otra (ni la versión definitiva ni la petición de informe), «el borrador de notas jurídicas urgentes no fue firmado ni alcanzó la condición de documento público», argumenta el Govern.
Como se recordará, esas notas jurídicas, utilizadas por la consellera balear para oponer reparos al contenido de la proposición de ley provocaron la dimisión, que finalmente quedó en amenaza, de los tres consellers de Més per Menorca y sus siete directores insulares en el equipo de gobierno del Consell de Menorca.
Sin embargo, sí se ha utilizado el argumentario de las citadas notas jurídicas y su autora, Lourdes Aguiló, jefa de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, tendrá que dar explicaciones en el Parlament tras ser aprobada una iniciativa del PP en ese sentido.
Lafuente señala que como diputado tiene derecho a acceder a ese documento que, por otra parte, conoció después de haber presentado la petición por haber sido publicado en estas páginas. La negativa del Govern le parece una falta de respeto, «vulnera los derechos del diputado y es una falta de transparencia que roza el ridículo», comenta.
Tanto el Consell como el Govern prefieren olvidar la incidencia de las notas jurídicas (ahora, meros apuntes) y afrontar la tramitación de la ley.