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Més per Menorca pide que se limite el desembarco de pasajeros por Sant Joan

Pide que se modifique el decreto de transporte marítimo del Govern

Pasajeros a su llegada al puerto comercial de Ciutadella antes de la celebración de las últimas fiestas, en 2019. | Sergi García

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Més per Menorca quiere poder limitar la llegada de pasajeros al puerto de Ciutadella durante las fiestas de Sant Joan. Los menorquinistas consideran que debe modificarse el decreto de transporte marítimo del Govern para que haga referencia al impacto en materia de seguridad que puede tener la llegada de miles de pasajeros de golpe. Se calcula que unos 22.000 pasajeros llegarán a Menorca durante las fiestas de Sant Joan la semana próxima.

«Debe ponerse un tope a la llegada de visitantes a Sant Joan. El puerto no es la única vía de entrada a isla, pero sí la principal para quienes vienen a las fiestas de Sant Joan», asegura el diputado de la formación, Josep Castells.

«Durante el verano dejamos venir a quien quiere, pero durante el invierno los residentes no tenemos conexiones suficientes para ir y venir de Mallorca», añade Castells. «Fijar un tope de llegada no implica renunciar a que se establezcan un mínimo de frecuencias para el resto del año», afirma el portavoz de los menorquinistas.

El partido considera «del todo insuficiente» la propuesta de decreto que ha formulado el Govern y reclama que haya al menos    una frecuencia diaria que permita a un ciudadano ir de Menorca a Mallorca y volver en el mismo día. «Esta sería la forma de dar respuesta a los residentes de Menorca, que son los que padecen la doble insularidad», añade.

Obligación de servicio público

El partido también reclama que el decreto del Govern debería agilizar el mecanismo de Obligación de Servicio Público cuando las navieras incumplan las condiciones mínimas para garantizar el servicio necesario.   

El decreto redactado por el Govern prevé que se haya de esperar que el incumplimiento de los servicios dure un mínimo de cinco días antes de poder activar la declaración de servicio público. «No se puede tolerar, porque tampoco se especifica si han de ser consecutivos», precisa Castells . «Pedimos que las compañías operadoras hayan de informar con una antelación mínima de 15 días de la interrupción del servicio o de alteraciones», asegura el diputado de Més.

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