Los bares y restaurantes del casco antiguo de Ciutadella que quieran aprovechar al máximo el horario nocturno de apertura que establece la normativa municipal tendrán que disponer de un vigilante en la puerta. La obligación se establece para aquellos que quieran abrir entre las 1.30 y las 3 de la madrugada. Este cambio en la ordenanza fue aprobado de forma inicial el jueves por el pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor solo de una parte del equipo de gobierno (PSM y GxC), ya que el PSOE se opuso. PP y Ciudadanos se abstuvieron.
En concreto, el punto que se incorpora a la ordenanza indica que en los locales «de la zona de núcleo central del conjunto histórico artístico» deben contar con «personal de admisión acreditado o servicio de seguridad privada entre las 1.30 y las 3 horas». Sus funciones serán, entre otras, «regular la entrada y salida de personas, advertir de la prohibición de sacar consumiciones a la vía pública, velar por el correcto funcionamiento de los vestíbulos acústicos de doble puerta» o que la puerta esté cerrada», además de hacer cumplir las normas de entrada de menores y zonas de evacuación. También deberá despejar las concentraciones de personas en el exterior.
La concejala de Disciplina Gubernativa, Maria Jesús Bagur, explica que el cambio pretende ser un paso más en el intento de reducir las molestias que el ocio nocturno genera a los vecinos. Recuerda que a las 1.30 horas es cuando las terrazas tienen que cerrar. Entonces, serán solo los locales que quieran proseguir con su actividad en el interior los que deberán establecer esta vigilancia en la puerta. Sin seguridad privada, habrá que cerrar a las 1.30 horas.
Bagur es consciente de que la medida «no es una solución definitiva a un problema» en el que «influyen muchos factores, es un sumatorio de muchas cosas». La convivencia entre vecinos y ocio nocturno es un conflicto crónico en el centro de Ciutadella. No ayuda la estrechez de las calles ni las carencias de la Policía Local. «Esto ahora se tiene que probar», afirmó en el pleno, «como mínimo tiene que disminuir el impacto de las molestias que sufren los más cercanos». El requisito se ha comentado ya en reuniones con residentes y empresarios.
Noemí Camps, del PSOE, defendió que la medida apenas reducirá las molestias, «tiene poco que ver». Relató que nace de una moción del PP que se refería «a las que ocasionaban personas que salían de un local», y que el cambio tiene efectos generalizados. Camps entiende que lo mejor hubiera sido recomendarlo, «algunos locales ya tienen este personal y las molestias siguen».
Desde el PP, Juana Mari Pons apuntó que las principales quejas proceden de vecinos que tienen el bar frente a su casa, «si no adoptamos ninguna medida, no sabremos si esto se soluciona o no». Por Ciudadanos, Jaume Anglada calificó la medida de «infructuosa» y «simple parche», ya que un guardia jurado no tiene las potestades de un policía. «Es un paso milimétrico en un problema kilométrico». Todas las partes coincidieron en que una parte del problema de fondo es la crónica falta de agentes de policía, y que en cuanto esto se solucione podría revocarse este nuevo requisito para los locales.