Los ayuntamientos de Menorca cuentan con cerca de 30 ordenanzas aprobadas y en vigor que regulan las molestias producidas por ruidos y otras tantas normativas sobre los horarios de los locales de ocio. Un embrollo que en ningún caso favorece el cumplimiento de las mismas, más bien lo contrario. Lo ha puesto de manifiesto la Comisión de Greuges de Menorca en su primer informe, que presentó ante el pleno del Consell.
En él da cuenta de las múltiples quejas recibidas relacionadas con ambas cuestiones por lo que contactaron con el departamento de Presidencia de la administración insular, solicitando que se acuerden unas ordenanzas iguales en todos los municipios, algo que facilitaría su aplicación y eliminaría las diferencias. También le piden al Consell que lidere e impulse dicha coordinación.
Pese a ser conscientes de que se trata de una competencia estrictamente municipal, al detectar las múltiples normativas y las diferencias entre ellas, decidieron acudir al Consell.
En su opinión, este caos legal «crea una seria confusión entre los ciudadanos, que ven como en un espacio geográfico pequeño como Menorca se aplican normas diferentes según la localidad».
Otros
A petición de algunos ciudadanos, la comisión puso en conocimiento del departamento de Medio Ambiente la necesidad de contar con una norma o disposición, de ámbito urbanístico, que determinara los espacios en los que sería posible instalar parques para generar energía fotovoltaica o eólica en un futuro.
También han recibido quejas por una supuesta violación de la presunción de inocencia. Son de parte de ciudadanos que habían sido informados de la apertura de un expediente urbanístico tras las revisiones catastrales realizadas por inspección aérea. Advierten que en ningún caso se ha procedido a una inspección in situ de la supuesta ilegalidad.
La comisión empezó a trabajar el 28 de abril y desde entonces ha celebrado un total de 19 sesiones en las que han atendido todas las peticiones, pese a no ser de su estricta competencia.