Som Es Castell considera que la ratificación de la sentencia que declara improcedente la licencia de la gasolinera de Son Vilar confirma que existió «una clara mala praxis política, que incluso podría ser objeto de delito». La licencia se concedió en 2016, con un equipo de gobierno del Partido Popular.
Recuerda Som Es Castell que la aprobación de la licencia «ya fue polémica en su momento» por «el insistente interés del PP para sacarla adelante, a pesar de tener informes desfavorables, era muy sospechoso». Por este motivo, los partidos de izquierdas se opusieron a esta autorización, relata la agrupación mediante una nota.
El concejal de Som Es Castell Joan Antoni Serra expone que «esta irresponsabilidad política del anterior equipo de gobierno puede costar millones de euros a los ciudadanos y ciudadanas de Es Castell, que verán paradas inversiones muy importantes para nuestro municipio». Y es que la empresa que obtuvo la licencia, y que ahora deberá cesar en su actividad, tiene la opción de reclamar daños y perjuicios, tanto por el coste de montar la estación de servicio, como ahora de desmantelarla.
Som Es Castell exige que los responsables del anterior equipo de gobierno, «liderado por Lluís Camps, actual diputado del PP, den explicaciones a la ciudadanía y depuren las responsabilidades que haga falta».
G. SintesY que costó el Palma Arena?