La alcaldesa de Es Castell, Joana Escandell, asegura que su objetivo ahora mismo es analizar con calma, de la mano de los servicios jurídicos municipales y los actores implicados, cuál es el modo menos gravoso para el Ayuntamiento de aplicar la sentencia, ya firme, que declara improcedente la licencia concedida en 2016 a la gasolinera de Son Vilar.
Escandell advierte que «el procedimiento será largo», puesto que existen unos plazos reglados para estas cuestiones y desde los servicios jurídicos del Consistorio le han avanzado que pueden ser «meses o incluso años». La alcaldesa tampoco da nada por hecho, no considera un final seguro inevitable la demolición total (podría ser parcial, por ejemplo) ni el pago de la indemnización que la empresa estima que puede reclamar. Todo, afirma, debe ser analizado con tranquilidad y en base al parecer de los expertos. «Ahora tenemos un ingeniero industrial en el Ayuntamiento que nos puede ayudar».
La alcaldesa asegura que todo momento han velado por los intereses del Ayuntamiento de Es Castell y que la licencia contaba con muchos informes favorables, incluso con la licencia de actividad correcta. No comparte las críticas vertidas por Som Es Castell al anterior equipo de gobierno del PP, prefiere no mirar atrás. «Nuestra obligación ha sido siempre y es ahora velar por los intereses generales de los ciudadanos, con lealtad institucional y generando los mínimos perjuicios. Todavía queda mucho recorrido, tenemos que ver cómo se ejecuta la sentencia», expone. Todavía no han recibido la providencia del Tribunal Supremo que inadmite los últimos recursos.
Escandell está dispuesta a reunirse con la propiedad de la gasolinera de Son Vilar así como con la que interpuso la denuncia para tratar de encontrar una salida legal que genere el menor quebranto posible a las partes.