El Consell ha puesto el ojo en las más de 100 viviendas vacías y los solares que, según sus cálculos, engrosan el patrimonio inmobiliario en Menorca de la Sareb. Esta sociedad gestiona los activos bancarios rescatados hace una década con dinero público para sanear los balances de las cajas de ahorro atrapadas en la crisis del ladrillo.
La consellera insular de Vivienda, Cristina Gómez, sostiene que es «inaplazable hacer nuestro el suelo» que el llamado banco malo retiene en los núcleos urbanos para que el Ibavi construya allí pisos sociales. En cuanto al parque de viviendas ya construidas, la representante de Unidas Podemos afirma que «están pagadas y repagadas» con el presupuesto público y «es imperdonable mantener esta situación cuando una gran mayoría de la población vive una emergencia habitacional».
En un encuentro mantenido el jueves con el conseller de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca -también de Podemos- Cristina Gómez abordó la dificultad para conocer los datos reales de inmuebles que están en poder de la Sareb ya que, según afirma, «las cifras que se han publicado no parecen reales». Las estimaciones que manejan hablan de 12.000 inmuebles en la Comunitat Valenciana y otros 20.000 en Catalunya. En Balears, la sociedad tiene supuestamente 400 activos, pero solo en Menorca el Consell calcula que superan el centenar.
En el pleno del Consell del próximo lunes, la consellera presenta en nombre de su grupo y al margen de sus socios de gobierno (PSOE y Més per Menorca) una propuesta de acuerdo que en su primer punto insta al Estado y al Govern a efectuar las «las gestiones pertinentes» con la Sareb para que «tanto su parque de viviendas como el suelo urbanizable que atesora se destine a vivienda pública dedicada a alquiler social».
Además, recuerda que de las 50.000 viviendas que hay en Menorca 15.000 son de uso no residencial -principalmente turístico- y otras 5.000 están vacías.
El apunte
El Consell debate el lunes el polémico ‘veto inmobiliario’ a los no residentes
El pleno del Consell de Menorca debatirá el lunes si respalda una hipotética restricción para que las personas que no acrediten un mínimo de dos años de residencia en Balears tengan vetado comprar una vivienda en Menorca. La norma, de aprobarse, está fuera de las competencias del Consell, por ello Unidas Podemos insta a trasladarla al Gobierno y al Congreso de los Diputados para que la hagan suya. En el Consell de Mallorca la misma iniciativa se abordó en el pleno del jueves y fue rechazada por la suma de los votos del PSOE y los partidos de la oposición, el PP, Ciudadanos, El Pi y Vox.